Uno de los proyectos del paquete de leyes antilavado pretende la modificación de la ley de inmovilización de fondos. La misma tiene por objeto, como medida preventiva, la inmovilización inmediata de los fondos hallados en entidades bancarias o financieras de personas físicas o jurídicas sobre quienes existan sospechas de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, actos de terrorismo o asociación terrorista. Los sospechosos están incluidos en una lista elaborada por la ONU.
Lucas Barrios, asesor de la comisión de Legislación del Senado, quien introdujo algunas modificaciones, explicó que ante la intención de la persona sospechada de hacer un movimiento financiero, la entidad que moviliza el fondo contará con 12 horas para comunicar a la Seprelad y esta a su vez tendrá otra vez 12 horas para comunicar al Juzgado de Garantías. “Es el juez quien debe confirmar la inmovilización para que eso tenga validez y sustento legal. Estamos hablando en un proceso de confirmación judicial de la inmovilización que no supere más de 24 horas”, indicó Barrios.
Comentó que los fondos no se sustraen de la cuenta, sino más bien se congelan.