La , que da cabida a una decena de miembros con procesos e investigaciones judiciales, sancionó ayer la polémica reglamentación de la con la que se autoblindaron.
Para iniciar el procedimiento de una pérdida de investidura ahora se precisará de más firmas y también para aplicar la sanción aumentaron los votos en ambas cámaras del Congreso, convirtiéndose la normativa en un doble blindaje, que protege aún más a los señalados por hechos de corrupción. El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Los diputados dieron estudio al polémico documento en una sesión extraordinaria, y optaron sin muchos preámbulos por la versión del Senado que sube la vara para aplicar la sanción a un legislador que incurra en las causales para perder la investidura, según el artículo 201 de la Constitución Nacional. Al reglamentar el citado artículo que establece los casos para la expulsión de un parlamentario, los diputados se aseguraron de poner más trabas, aun si hay méritos, puesto que ahora en esta Cámara se requerirá 41 votos para expulsar a un legislador mientras que en el Senado deberán tener 23 votos, es decir, la mayoría absoluta.
La normativa es inconstitucional y un retroceso. Es que el artículo 201 de la Carta Magna no establece mayorías calificadas, por lo que el procedimiento hasta ahora se regía por lo dispuesto en el artículo 185 que establece qué, en los casos que la Constitución no indique las mayorías, se procederá a la mayoría simple.
Es decir, antes de la reglamentación, se precisaba nada más que la mitad más uno del quórum, que en Senado era de 13 legisladores y en Diputados 22. Ahora en la Cámara Alta precisarán 23 y en Diputados 41 votos.
Así también, los diputados aprobaron que la cantidad de firmas para la presentación de un pedido de pérdida de investidura se eleve a 20 firmas en el caso de Diputados y 12 firmas en caso de los Senadores.
Esta medida tuvo la oposición de la bancada opositora, pero que no prosperó. Pedían que se ratifiquen en la versión de Diputados que contemplaba que con 16 firmas que es la quinta parte de los miembros de la Cámara ya se presentaba el pedido y con 9 firmas en el caso del Senado.
El diputado colorado Derlis Maidana, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se inclinó por la versión del Senado que allanó el .
“Desde la comisión se recomienda aceptar las modificaciones principalmente en lo relativo a la cantidad de legisladores que debe solicitar. En nuestra versión se habla de 16 y 9 y hay una diferencia sustancial”, justificó.
Asimismo, el diputado pidió que se apoye y se eleve a 41 y 23 los votos para la pérdida de investidura.
En cuestión de forma se dio la eliminación de un término que hace referencia al número de votos requeridos para la destitución, puesto que Diputados había establecido que “se requerirá del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes”, término que no existe.
Oposición. La oposición hizo un tímido intento de dejar en claro que supuestamente la era de la impunidad terminó. No obstante, sus referentes aceptaron sin oposición que la mayoría absoluta sea quien decida o no la expulsión de un legislador.
El diputado Sebastián Villarejo se quejó de que para la mera presentación del pedido se deba tener 20 firmas, y no la quinta parte, como en principio requerían.
“Que sea un cuarto de los miembros los necesarios para que se suscriba el inicio de un procedimiento, no hace sino nuevamente burlar y poner trabas al proceso”, remarcó.
En la Cámara están parados las solicitudes por pérdida de investidura de Carlos Portillo, de quien se comprobó qué traficó influencias, delito por el cual fue imputado.
Así también está el caso de su colega Tomás Rivas, quien usó dinero de la cámara para pagar a sus caseros. Otros 8 diputados incluyendo el propio titular de la Cámara, Miguel Cuevas, están investigados y están en la mira de recibir el castigo político de la pérdida de investidura.
Hasta ahora, los senadores Víctor Bogado, Óscar González y el liberal Dionisio Amarilla fueron despojados de sus investiduras y perdieron sus bancas por hechos de corrupción.