“Nadie se preocupó de esas sentencias judiciales, lo único que se sabe es que el Estado perdió, pero nadie sabe cuáles fueron los argumentos, y estos son absolutamente ilegales. Creo que la Procuraduría no descarta seguir impulsando juicios cuando haya mejores condiciones, porque no hay otra salida legal que las demandas de nulidad, ya que cualquier ley no tiene efecto retroactivo”, explicó.
Indicó que estas sentencias aún no configuran un precedente judicial, ya que deben haber más fallos en el mismo sentido, y dio énfasis en que ya hay fallos contrarios a los argumentos contrarios al Estado paraguayo.
“Se abrió una luz de esperanza para la Procuraduría, luego de que la Cámara de Apelaciones revocó uno de los fallos de primera instancia que sostenía el argumento de que la Procuraduría no tiene legitimación activa, entonces ese es un precedente muy importante, porque justamente ya rebate uno de los principales argumentos”, dijo.
análisis. Alderete realizó un análisis sobre los tres argumentos utilizados por los jueces que rechazaron las pretensiones del Estado en recuperar las tierras malhabidas, y explica por qué no son legales.
Subrayó que estos no atacan la cuestión de fondo sino de forma, ya que solo indican que el Estado no puede accionar debido a la supuesta falta de legitimación activa de la Procuraduría, la supuesta prescripción de la acción por haber transcurrido más de diez años desde el acto impugnado y porque los demandados son supuestamente adquirentes de buena fe.
Alderete sostiene que el primer argumento citado, el de la falta de legitimación activa de la PGR, no tiene validez porque la propia Constitución Nacional establece en su artículo 246 que son deberes y atribuciones del procurador representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República.
Respecto a la supuesta prescripción al pasar más de diez años, explicó que los actos de adjudicación y titulación en este caso son actos jurídicos nulos, no anulables como argumenta la sentencia, porque el objeto del acto jurídico (la adjudicación y titulación) padece de defectos intrínsecos, manifiestos y patentes.
Como ejemplo, señala el caso de la familia Rickly, todos brasileños residentes en Brasil y dedicados a la industria, lo cual claramente los hace no sujetos de la , ya que la ley de entonces exigía que vivan en Paraguay y se dediquen a la agricultura.
Así, no hay forma de que pueda subsanarse esta situación. Lo mismo en el caso de los militares y otros no sujetos de la reforma agraria que recibieron tierras fiscales.
El tercer y último argumento sostiene que los demandados son adquirentes de buena fe, por lo que son protegidos por la ley.
“Los terceros adquirentes no pueden ampararse en la buena fe. En cuanto a los terceros adquirentes, el Código de Vélez, en su art. 1051, y el Código Civil Paraguayo, en su artículo 363, disponen que todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual. Estos terceros adquirentes no podrán ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las transmisiones, pues existen leyes agrarias, que son de orden público, que le impedían en forma absoluta, la adquisición de la propiedad de las tierras para la reforma agraria”, explica Alderete.
Finalmente, dijo que con voluntad política y estrategias jurídicas se pueden reimpulsar acciones desde los distintos poderes del Estado para pelear por la recuperación de las casi 8 millones de tierras malhabidas adjudicadas entre 1954 y 2003.
Nadie controla el actuar de estos jueces y sus argumentos ilegales, todos se hacen de los que no saben nada.
Alberto Alderete, ex titular del Indert.