Acepar: Otro capítulo del grave riesgo de perder el patrimonio

Una vez más vuelve a ser noticia, y de la peor manera, la empresa estatal privatizada Acepar. El panorama se ve sombrío y aseguran sus administradores que, si no aparece un grupo inversor cuanto antes, la situación empeorará y se volverá insostenible. La administración judicial optó recientemente por terminar con el contrato de arrendamiento de la planta de Acepar que tenía con el grupo chino HCME, lo que deja a los casi 600 trabajadores sin cobrar su sueldo y parte del aguinaldo desde diciembre. Este ya es el segundo fracaso de alquiler consecutivo que deja a la siderúrgica en terapia intensiva. Se abre un nuevo capítulo del grave riesgo de perder este patrimonio, esta industria estratégica.

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Acepar es una de las empresas estatales privatizadas desde la apertura democrática, y el proceso estuvo siempre salpicado de denuncias de corrupción. La historia de esta debacle es la historia del saqueo y el despilfarro de un ente estratégico.

En 1997, en el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, se inició el proceso de privatización de Aceros Paraguayos. Fue adquirida por la empresa Cosipar, que posteriormente vendió el 66,7% a la firma Cerro Lorito SA, del empresario argentino Sergio Taselli. El precio de venta fue de 35 millones de dólares; la administración de Taselli por su parte fue objeto de varias denuncias de corrupción y literal vaciamiento de Acepar, que quedó con un pasivo de USD 50 millones.

Hace unos seis meses, la administración judicial de Acepar le había dado la bienvenida, con bombos y platillos, a la empresa de China Continental Henan Complant Mechanical & Electrical Equipment Group Co Ltd (HCME) con un contrato por veinte años y una inversión de 100 millones de dólares. La idea inicial era arrancar con la producción tradicional de varillas y luego comenzar la instalación de una nueva línea de productos sinterizados (tratamiento que se les da a moldes de hierro) de exportación que no se consumen a nivel local.

Ahora, el nuevo fracaso desnuda algunas situaciones que deben ser resueltas con urgencia; una de ellas es que se debe acelerar la definición del arbitraje, esto para saber si el Estado paraguayo recupera todas las acciones o la empresa queda al sector privado. Ya pasaron otros cinco años y todavía no se constituye este Tribunal Arbitral. De hecho y para tratar de explicar el absurdo: el actual administrador judicial de la siderúrgica, José Luis Vinader, ni siquiera tiene dónde presentar su renuncia, pues Acepar se encuentra en una especie de limbo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la difícil situación que están soportando los cientos de trabajadores, a quienes se les debe tres meses de salario, incluyendo el aguinaldo, así como también carecen de la cobertura del Instituto de Previsión Social.

Se debe poner un punto final a los malos manejos de esta empresa. Miles de personas dependen del funcionamiento de la misma y el Estado paraguayo no puede seguir ignorando este problema.

Las empresas públicas son un patrimonio muy importante para cualquier país, y es evidente que para que estas funcionen adecuadamente se requiere un alto grado de honestidad y transparencia. Es bien sabido que la corrupción es una de las claves para el fracaso, y de eso Acepar sabe demasiado. No hay que olvidar, finalmente, el rol de las empresas en el bienestar de las personas y en el desarrollo de los países.

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