- Lida Duarte – @lidaduarte
Por séptimo año consecutivo marchamos en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer, que lejos de ser una celebración es un momento para visibilizar las condiciones laborales precarias y desiguales que sufren las mujeres, además de reconocer a las trabajadoras que desde hace más de un siglo se movilizan en forma organizada en reclamo de sus derechos.
Al menos una veintena de organizaciones paraguayas se articularon para esta edición que reunió a centenares de mujeres en las plazas y con un cierre artístico en Asunción, donde se rindió homenaje a la pionera del rock, Catunga Pereira.
Bajo la consigna Por nuestros derechos laborales y contra todas las violencias, marchamos en un encuentro interseccional e intergeneracional en el que compartimos nuestras opresiones por razones de género y las convertimos en energía para la lucha colectiva y sorora.
Nuestras reivindicaciones las llevamos en el cuerpo, pero también se sustentan en datos oficiales que advierten que las mujeres son las más afectadas por el desempleo, también son quienes perciben un menor salario respecto a los hombres. Además de esta desigualdad, sufren acoso sexual en sus espacios de trabajo, siendo el caso de Canal 9 uno de los más graves que se reportaron en los últimos años.
De hecho, 6 de cada 10 mujeres periodistas y comunicadoras sufrieron acoso a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con la encuesta que realizó la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay. Aunque existen normativas para erradicar este y otros tipos de violencia, teniendo en cuenta la Ley N° 5777 de Protección Integral a las Mujeres, persiste la ineficiencia en su aplicación.
A través de la Resolución N° 388, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, creó una oficina especial para atender las denuncias de violencia y que además obliga a las empresas a adoptar en sus reglamentos internos un procedimiento para las denuncias, incluyendo la violencia sexual. Sin embargo, en la práctica poco apoyo encontraron las víctimas en este espacio, mientras que los avances en protocolos apenas empezaron en el sector público.
La voluntad estatal para dar respuesta a esta demanda es bastante escasa. Por ejemplo, hasta el momento Paraguay no ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo adoptado en el 2019. Es el primer tratado internacional que reconoce y defiende el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, pero para nuestro país no es una prioridad adherirse a esta iniciativa que sirve de base para encaminar más y mejores políticas públicas para las mujeres.
Otra deuda en materia de derechos de las mujeres es el retraso del Estado Paraguayo en la presentación de su informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El documento debía entregarse en el 2021, pero hasta el momento el país está en falta. La última revisión fue en el 2017, cuando el órgano advirtió que existe una regresión en la promoción de la igualdad de género, sobre todo por la vigencia de la Resolución Riera, por la cual se prohibió “la difusión de materiales referentes a la teoría y/o ideología de género en las instituciones educativas”.
Más que una materia pendiente, es la negación del Estado paraguayo acerca de su obligatoriedad de presentar el informe como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Es casi seguro que este Gobierno ya no cumplirá con estas exigencias, ya que le queda menos de un año de gestión y, además, toda la concentración de la arena política se reduce a las elecciones de abril. Al menos hasta ahora los principales candidatos y candidatas no priorizan en su agenda propuestas concretas para responder a las necesidades específicas de las mujeres. No obstante, son deudas que heredarán los próximos gobernantes, quienes ante la demanda social ya no podrán escapar tan fácilmente de sus obligaciones.