“En este momento estamos entregando en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en Caracas, una nota de enérgica protesta en razón de esta orden ejecutiva del presidente Barack Hussein Obama”, expresó la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa.
Esta carta emitida por el Gobierno venezolano se suma a la campaña lanzada el jueves pasado en el país suramericano para exigir al mandatario estadounidense la derogación de la ley aprobada a principios de mes y por la que se declaró una “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que, a su juicio, representa Venezuela para la seguridad de EE.UU.
Esta campaña se centra en recolectar 10 millones de firmas en diferentes puntos de la geografía venezolana así como a través de la página www.obamaderogaeldecretoya.org.ve contra un decreto calificado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como “el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela”.
En una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) celebrada la semana pasada en Caracas, los cancilleres del grupo decidieron la creación de un equipo de “facilitadores” del diálogo entre EE.UU. y Venezuela, en coordinación con otros organismos, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Los ministros de Exteriores de los países que forman la Unasur también emitieron una declaración el pasado 14 de marzo que expresa su rechazo a la medida de EE.UU., que calificaron de “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención” en los asuntos de otros Estados.
La canciller venezolana agradeció hoy el apoyo “del mundo entero” que, según dijo, le está pidiendo a EE.UU. que “se comporte conforme a los principios del derecho internacional”.
“Existen unas normas internacionales que deben ser acatadas, que deben ser respetadas en función del buen comportamiento de los Estados, eso es lo que le dice el mundo entero a los EE.UU.”, sostuvo.
El Gobierno de Maduro ha promovido además varias marchas y caravanas de empleados públicos para mostrar su rechazo a la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca que incluye sanciones a siete funcionarios venezolanos por la supuesta violación de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales registradas en Venezuela en 2014.
