Rousseff anunció ese compromiso durante un pronunciamiento, en el que presentó los términos de la llamada “Carta a los Brasileños”, divulgada diez días antes de que el Senado inicie la fase final del proceso que puede acabar con su destitución.
En ese pronunciamiento, Rousseff insistió en su inocencia de las acusaciones de irregular manejo de los presupuestos, dijo que si se llega a su destitución Brasil estará ante un “golpe de Estado” y sostuvo que la solución para la crisis política y económica del país “pasa por el voto popular en unas elecciones directas”.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró un proceso de destitución cuya fase final comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, posiblemente con su condena y desalojo del poder.
La mandataria perderá el cargo si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios del Senado), que los favorables a su destitución ya parecen haber consolidado.
Hace díez días, en una votación que dio continuidad al proceso, los votos favorables a que se llegue a la destitución sumaron 59, frente a 21 que pidieron archivar la causa.
Según Rousseff, si se “reconoce” su inocencia y es absuelta, caso el que recobraría el poder, “será reafirmado el Estado democrático de Derecho” y “se deberá construir una nueva jornada política”, que lleve a adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.
En caso de que Rousseff sea finalmente destituida, su mandato lo completará Michel Temer, quien como vicepresidente la sustituye en el cargo desde el momento de su suspensión.
