“Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen”, señaló la Sofofa en un comunicado publicado este miércoles en el diario La Tercera.
Los empresarios demandaron con urgencia paz e integración social, al tiempo que criticaron la impunidad con que a su juicio actúan los grupos violentos de la zona, donde en las últimas semanas se han incrementado los ataques contra maquinaria y empleados de empresas forestales y agrícolas, así como la quema de viviendas, iglesias y galpones.
“A la luz de los hechos, podemos afirmar que en esa zona ya no impera el Estado de Derecho”, sostuvo la Sofofa al hacer un llamamiento urgente al Gobierno “a cumplir con su deber fundamental de respetar y hacer respetar la Constitución de la República”.
“Urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, así como adoptar las medidas que permitan prevenir su futura ocurrencia”, agregan los empresarios.
La Sofofa, organización gremial creada en 1883, expresó su solidaridad con quienes “hoy son víctimas de una violencia creciente por parte de grupos que están actuando en absoluta impunidad”.
“Se está causando un grave daño al país y se incrementa el riesgo de extender su amenaza a más sectores del territorio nacional”, advirtieron.
El comunicado de los industriales chilenos se hace público un día después de que en la Cámara de Diputados la oposición lograra la aprobación de una interpelación dirigida al ministro del Interior, Mario Fernández, para abordar los últimos hechos violentos ocurridos en La Araucanía.
En el sur de Chile, especialmente en la región de La Araucanía y el Biobío, existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.
El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios.
