Encima de una pequeña colonia, donde la sequía ha desvanecido el olor del maíz o del frijol, Juan Chen Chen observa como un grupo de mujeres Achí de la colonia Pacux realiza una ceremonia en el monumento a las víctimas de la masacre de Río Negro, donde en 1982 el Ejército mató a 177 indígenas.
Los nombres de las víctimas, separados por sexo, están escritos en los cuatro laterales del pequeño obelisco, rodeado de velas y de flores de colores. Juan echa la mirada atrás y recuerda a Efe que él también perdió a alguien durante aquellos años. Como todos en el pueblo.
Su sobrino Emilio Osorio, que tenía 9 años, está “desaparecido”. Otros 19 familiares, entre hermanos, tíos y compadres, perdieron la vida en varias masacres. Años después no encuentra sosiego, la Justicia para él no existe: “Mientras jefes militares, comisionados y patrulleros andan libres, nuestros familiares están muertos”.
“El Gobierno no ha resarcido la sangre de los muertos”, clama con una angustia que le da valor para señalar a algunos de los culpables como el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) o exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hombres a los que no duda en llamar “Herodes” por su falta de piedad y sus innumerables atrocidades.
Les quitaron a sus familias y su propia vida. “Lástima la vida de nosotros aquí ahora”, exclama Bernardo Chen, un hombre de 58 años que fue llevado por militares, junto a otras 7 personas, a la zona militar 21 en Cobán. Allí los “maltrataron” como si fueran “animales": “Nos encerraron cinco días sin comer y sin beber”.
Años después el dolor sigue en su interior. Pide Justicia para las víctimas y cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que obligan al Estado a reconocer su responsabilidad y construir infraestructuras y servicios públicos.
La resolución es del 2012, pero sigue postergada. Ni salud, ni agua, ni casa, ni educación.
“Somos gente abandonada”. Lo mismo piensa Teodora, una de las ancianas del pueblo. Ella sobrevivió a cuatro masacres -Río Negro, Aguas Frías, Xococ y Los Encuentros-, pero perdió a su esposo, 6 hijos y 15 nueras y yernos, además de varios nietos. Es difícil llevar la cuenta aún cuando se trata de los tuyos.
Sentada sobre un mueble de madera desde el que observa el camino polvoriento que conduce a su casa, pequeña y de madera, la mujer de de 80 años, a la que le duele “el corazón de tanto llorar” por los suyos, vive con su hijo Juan y su familia. No quita la mirada de la puerta.
En idioma Achí, antes de que algunos jueces de la CorteIDH vayan a visitarla, cuenta a Efe, ayudada por su hijo, el “milagro” de que aún esté viva, al igual que Juan, otro anciano de 89 años al que le mataron a sus hijos y a su mujer: “A todos los llevaron”.
El hombre, con una dentadura que muestra el sufrimiento de toda una vida, narra como el dolor aún está presente: “Nos está matando lentamente por hambre y sin agua”.
Una de sus hijas y su nieto lo acompañan. Ya ni palma tienen para poder trabajar. En la zona “no hay nada”, por eso piden la ayuda del Estado para poder salir.
A unos 12 kilómetros, por un camino empinado, sinuoso y arenoso, está la aldea Plan de Sánchez. Aquí, el 18 de julio de 1982, elementos del Ejército masacraron a 268 personas, después de violar a algunas mujeres y torturar a otras. Algunos sobrevivieron escondidos en la montaña.
A los que atraparon los metieron en varias fosas y les prendieron fuego. Sobre ellas hoy descansa una iglesia católica cuyas paredes recuerdan a los hermanos “torturados y masacrados” con el lema “Nunca más”. En el interior, una decena de personas reza a los suyos.
Plácido se acerca con un montón de papeles: las actas de defunción de su mujer y sus hijos, muchos de ellos aún desaparecidos.
Su segunda esposa, Margarita, quien también perdió a su primer cónyuge, recuerda que la iglesia, de paredes amarillas y construida en 1995, está sobre un camposanto: “Todos se murieron aquí. Los quemaron. Echaron gasolina”. Ella estaba en el monte.
También Juan, otro de los hombres de la comunidad que sigue “en la lucha” para dar descanso a todas las víctimas, más de 250.000 entre muertas y desaparecidas durante los 36 años de guerra (1960-1996). Solo 28 eran de su familia, muchos de ellos sin identificar, “estaban tan carbonizados que ya no se pudo”.
Aquellos que fueron víctimas del conflicto armado interno de Guatemala no pierden la esperanza, pero sí poco a poco el ánimo. No quieren volver a tener ese miedo que un día los llevó a esconderse en las montañas sin mirar atrás. Sin pesar en un futuro.
Dos décadas después de la firma de la Paz, estos hombres y mujeres, que ponen cara a un dolor aún latente, exigen Justicia, reconciliación y resarcimiento. Sin renunciar a la verdad. Para pasar del silencio a la memoria. A la memoria histórica.
Porque, como reza una placa en Pacux, “la memoria de los vivos hará la vida de los muertos”.
Patricia Pernas
