BUENOS AIRES - ARGENTINA
Asociaciones de pequeñas y medianas empresas de Argentina expresaron ayer su descontento con la decisión de la Corte Suprema de no incluirlas en la reciente anulación de las subidas de las tarifas del gas, solo aplicada a particulares, y anticiparon que tomarán medidas judiciales.
“Estamos pidiendo razonabilidad, progresividad, segmentación hacia el sector, porque cuando hablan de energía para las pequeñas y medianas empresas estamos hablando de mantener miles de empleos en el país”, dijo ayer Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Argentina, en declaraciones al canal Todo Noticias.
Fernández anunció que estudian acciones judiciales individuales y colectivas frente a la decisión del máximo tribunal del país de no incluir a las pymes en el freno al aumento tarifario ordenado por el Gobierno de Mauricio Macri el pasado abril.
medianas empresas. En el mismo sentido se había expresado ya el jueves, día en el que la Corte emitió su dictamen, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo”, detalló la CAME en un comunicado.
“Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo (de la economía), los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las pymes”, agregó la organización.
medidas judicialES. Por ello, anunciaron que pedirán “las medidas cautelares” necesarias para “defender la producción y el trabajo”.
La Corte Suprema falló este jueves a favor de anular las subidas del precio del gas ordenadas por el Gobierno para los usuarios residenciales debido a que la decisión no se había sometido a audiencia pública previa, algo que los jueces consideraron de obligado cumplimiento.
La actualización de los precios había supuesto inicialmente aumentos de hasta el 800 % aunque posteriormente el Gobierno fijó un tope de subida del 400 % para los particulares ante al fuerte descontento social.