Con el título “Fase 3bis Informe sobre la Aplicación de la Convención Antisoborno de la OCDE en Argentina”, el texto del proyecto de ley de responsabilidad penal corporativa entró en el Congreso argentino en octubre de 2016 pero aún no se ha aprobado.
Si sale adelante permitirá penalizar también a sociedades por corrupción y cuya sanción integraba el acuerdo entre las partes.
Al no haber sido aplicado, “Argentina todavía no puede responsabilizar a personas jurídicas por soborno extranjero -empresas extranjeras que incurren en cohecho en el país-, ni ejercer jurisdicción para procesar a sus ciudadanos que cometan este crimen en el extranjero”, indica el texto del informe elaborado por esta organización con sede en París (Francia).
Aun así, si se promulgara en su forma actual, observaron, esta ley no solucionaría todas las deficiencias en la delincuencia de soborno de procedencia extranjera en Argentina que se identificaron desde el principio del estudio.
La organización valoró las medidas tomadas por el Gobierno actual para promover la Ley, como por ejemplo la promulgación del veto a funcionarios públicos por recibir sobornos.
El pasado 1 de marzo, la Oficina Anticorrupción argentina, que depende del poder ejecutivo, reclamó al Parlamento que apruebe esta ley, algo “fundamental” al ser requisito “indispensable” para incorporar al país a la OCDE.
Por otra parte, en el informe del organismo internacional se muestra la preocupación de la OCDE por “la aplicación de las leyes” antisoborno extranjero del país austral y dijeron que “hay signos de politización y falta de neutralidad de la Fiscalía General”.
Indica que el Gobierno debe “abordar la cuestión de la politización sin poner en peligro la independencia de los fiscales”.
Desde el comienzo de su mandato, el presidente Mauricio Macri insistió en la necesidad de destituir a la titular de la Fiscalía, Alejandra Gils Carbó, al considerar que no es neutral al ser afín al anterior Ejecutivo, encabezado por Cristina Fernández (2007-2015), pero por ahora no ha habido acuerdo parlamentario para llevar a cabo el relevo.
“También se deberían tomar medidas para mejorar la cooperación internacional en investigaciones y enjuiciamientos de sobornos en el extranjero, incluso a través de canales informales”, añadió la OCDE.
Por ello, se debería proporcionar más formación a los jueces y fiscales competentes en materia de soborno extranjero.
Otras recomendaciones que debe adoptar Argentina son, entre otras, introducir una definición autónoma de funcionarios públicos extranjeros o eliminar la imprecisión del delito por falta de exigencia ante el soborno a un funcionario sea “indebida” o “impropia”.
La OCDE reconoció, pese a ello, los esfuerzos del país para implementar las recomendaciones de la organización, que comenzaron cuando el Gobierno macrista asumió el cargo en diciembre de 2015.
Sin embargo, insistió en que Argentina no abordó algunas cuestiones introducidas en octubre de 2016, cuando un equipo de evaluación, compuesto por representantes de España y Eslovaquia además de la propia organización, visitó Buenos Aires para ampliar el estudio sobre los sobornos en el país suramericano.
Durante la visita, dicho grupo se reunió con representantes de los sectores público y privado argentino, el poder judicial, los parlamentarios, la sociedad civil y los medios de comunicación.
La OCDE instó a Argentina a informar, antes de octubre de 2017, sobre el estado de la Ley de Responsabilidad Corporativa, así como de la aplicación de ciertas recomendaciones antes de marzo del año que viene y señaló como fecha límite para implementar todas las medidas marzo de 2019.
El informe es resultado de la decisión tomada por la OCDE en 2014 de llevar a cabo una evaluación suplementaria de Argentina, que comenzó tras su adhesión a la Convención para el Combate al Soborno de Funcionarios Extranjeros en Intercambios Comerciales Internacionales con el objetivo de integrar el organismo internacional.
