“No estamos de acuerdo con esa decisión (judicial) y la vamos a impugnar. Vamos a presentar una apelación porque es evidente que a través de las actividades que desarrollaron tanto Sammy Morales como Mario Estuardo Orellana López contribuyeron al blanqueo de un dinero ilícito”, respondió Aldana a periodistas.
La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, determinó ayer, miércoles, durante la audiencia de primera declaración del caso, que no hay indicios para imputarle el delito de lavado de dinero a Sammy y a Mario Estuardo Orellana López, supuestamente beneficiado por favores del primero en 2013.
Ambos, junto con José Manuel Morales, hijo del presidente, serán procesados por el delito de fraude por supuestamente haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando cotizaciones para 3 eventos públicos en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de 200.000 quetzales (26.000 dólares).
Aldana señaló que ese dinero, que cobró íntegramente Orellana, padre de la exnovia del hijo de Jimmy Morales, era ilícito porque correspondía a “dos eventos inexistentes” y a otro que se realizó pero no por la empresa a la que se le pagó.
“Hay toda una operación de blanqueo”, resumió la fiscal general, quien agregó que esta etapa procesal, en la que solo hay una investigación preliminar, aún no es para presentar pruebas de estos hechos.
Por este mismo caso, las autoridades presentaron una solicitud de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Gilmar Othmar Sánchez, que supuestamente tuvo parte en este caso, pero según la fiscal está en “paradero desconocido”.
Aldana también había anunciado que se pediría una orden de captura contra la exnovia del hijo de Jimmy Morales y la madre de ésta, ambas de nombre Abdy, pero reconoció que por el momento no se ha realizado el trámite debido a la carga de trabajo que tiene la jueza de la causa, la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León.
La jueza contó ayer como el hijo del presidente presentó cotizaciones falsas -dos de ellas a nombres de empresas que ni existen- y consiguió facturas de empresas registradas que nunca prestaron los servicios pero que sí cobraron por ellos.
Sammy y José Manuel, según establece la investigación, fueron partícipes de un fraude al Estado, anterior a que Morales asumiera el poder, que se originó a partir de una “simulación especialmente preparada” con funcionarios de la entidad para beneficiar a Orellana.
Estos tres eventos irregulares fueron descubiertos por las autoridades en el marco de una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como “plazas fantasma”, los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama es procesada más de una veintena de personas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.
