La iniciativa logró el apoyo casi unánime de la Cámara baja (419 votos a favor y uno en contra) y ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva.
La ley se dirige contra los trabajos forzados en Corea del Norte y prohíbe la entrada a EE.UU. de cualquier bien producido en los campos norcoreanos, donde los malos tratos y las torturas son frecuentes y los presos son obligados a trabajar jornadas extenuantes y con alimentación escasa.
Además, prohíbe operar en aguas estadounidenses o atracar en sus puertos a los buques de Corea del Norte o de compañías de cualquier otro país, incluida China, que se nieguen a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU de condena del lanzamiento de misiles balísticos.
Debido a esas provisiones, la nueva ley podría despertar el rechazo del Gobierno de China, aliado tradicional de Corea del Norte y al que Trump ha pedido ayuda para que obligue a Pyongyang a poner fin a sus provocaciones con el ensayo de misiles y a sentarse a la mesa para renegociar su programa nuclear.
El texto, de hecho, establece que “cualquier gobierno extranjero que proporcione artículos o servicios de defensa a Corea del Norte tendrá prohibido recibir ciertos tipos de ayuda externa de EE.UU.”.
La iniciativa también establece que el Gobierno de Trump deberá determinar en un plazo de 90 días si Corea del Norte debe pasar a ser clasificado como un estado patrocinador del terrorismo, una lista negra en la que entró en 1987 y de la que salió en 2008 por orden del Gobierno del expresidente George W. Bush.
Ahora, la ley pasa al Senado, donde se espera que sea aprobada sin problemas con el apoyo de republicanos y demócratas.
La iniciativa, de hecho, ha sido impulsada por el republicano Ed Royce, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y por Eliot L. Engel, el demócrata de mayor rango en ese comité.
