En ese sentido, los miembros del JEM resolvieron enviar los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia fue presentada por el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, junto con varios argumentos basados en los “reclamos populares” de las reclusas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presidido por Óscar González Daher.
El documento presentado por Godoy ante el Jurado refiere que las internas del penal del Buen Pastor no reciben visitas de sus defensores y desconocen el proceso que enfrentan, siendo la encargada de este proceso la denunciada. “No saben absolutamente nada referente a su futuro legal”, expresa la queja.
Ante las quejas contra la administración de la Justicia alegan la “absoluta ausencia de los defensores públicos en la labor que la Constitución les confiere”.
Como ejemplo, se cita en la denuncia que las afectadas no conocen a su defensor público, no son visitadas y, por ende, no saben de sus procesos.
Yore Ismael está acusada por los fiscales anticorrupción Josefina Aghemo y José A. Dos Santos, por designar a abogados que cumplen funciones de defensores públicos de manera irregular, ya que solo la Corte Suprema de Justicia puede realizar dichas designaciones.
Precisamente este aspecto también fue señalado por las reclusas, respecto a cómo es que una defensora pública puede estar acusada de un hecho punible, en específico por usurpación de funciones públicas. Esto, ya que la Defensoría del Pueblo recogió aproximadamente 60 formularios de las internas y sus familias, demostrando una coincidencia en los reclamos.
En otro orden, tras asumir en el cargo, Godoy detectó una serie de irregularidades en la institución, como el pago de indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura stronista. Como consecuencia, denunció a su antecesor, Manuel Páez Monges.
