19 ago. 2025

Investigación en Armada tropieza con burocracia

La Suprema Corte de Justicia Militar sigue tropezando con el fuerte dilema de que hasta el momento no fue publicada en la gaceta oficial del Gobierno las principales leyes militares a pesar de que varios efectivos militares fueron procesados y condenados en base a una ley no vigente.

Informe.  Desde el Gabinete Civil de la presidencia informaron que no fueron publicadas las leyes militares en la gaceta oficial.

Informe. Desde el Gabinete Civil de la presidencia informaron que no fueron publicadas las leyes militares en la gaceta oficial.

En el caso de la corrupción que salpica a varios efectivos y funcionarios de la Armada, los abogados solicitaron informes al Gabinete Civil de la presidencia de la República para conocer sobre la publicación en la gaceta oficial de las leyes militares. Específicamente se trata de la Ley Nº 840/80 Orgánica de los Tribunales Militares; de la Ley Nº 843/80 de Código Penal Militar; y la Ley Nº 844/80 del Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de paz y guerra. Es que falta ese paso burocrático para la vigencia de una normativa.

El Gabinete Civil de la presidencia de la República respondió que “no fueron publicadas en la gaceta oficial”.

El pedido fue planteado por el abogado Christian Bazán Crichigno y que fue respondido por el director de publicaciones oficiales del Gabinete Civil, Juan Carlos Cazal, el pasado 7 de marzo.

El capitán José Domingo Lezcano está preso en Viñas Cué, luego de que el mismo haya denunciado el caso de corrupción en la Armada en donde una rosca de funcionarios se estaba apropiando en forma irregular de rubros salariales por la suma de 1.247 millones de guaraníes. El esquema informático estaba montado desde el 2012, luego siguieron en el 2013 y 2014. El fiscal militar Sebastián Scavone ordenó la detención del capitán Lezcano, quien guarda reclusión desde hace más de 6 meses, además de otros dos efectivos: el capitán Fabio Marecos y el teniente Gustavo Velázquez.

inacción. Uno de los cuestionamientos al procedimiento realizado por la Justicia Militar es que alrededor de 14 funcionarios civiles no fueron procesados. Ante esta situación, los propios afectados y que están presos en Viñas Cué solicitaron la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos y la investigación está a cargo de la fiscala Victoria Acuña. Los funcionarios fueron trasladados a otra dependencia de la Armada.

Legisladores de diferentes partidos, preocupados, pidieron informes sobre el caso.