La organización defensora de los derechos humanos se refiere a las protestas registradas entre el 31 de marzo y el 1 de abril, en medio del intento de aprobación de una enmienda constitucional para aprobar la reelección presidencial, que derivaron en la quema parcial del edificio del Congreso por parte de grupos de manifestantes, adelantó ayer un reporte de EFE.
A este suceso siguió luego el atraco policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde mataron al joven dirigente Rodrigo Quintana, y las 200 detenciones y supuestas torturas y malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad contra los arrestados.
Resalta que en junio, en respuesta a las denuncias del ataque policial a veintitrés periodistas en esas protestas, la Policía Nacional adoptó un protocolo de seguridad para informadores en peligro.
AI indica que, tras las protestas y la quema del Congreso, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y representantes de su partido acusaron de forma pública a los periodistas Menchi Barriocanal y Óscar Acosta de incitar a la violencia y amenazaron con su detención.
Otros temas. A los pueblos indígenas le siguieron siendo negados el derecho a la tierra y al consentimiento previo, libre e informado. Un proyecto de ley para eliminar todas las formas de discriminación quedó pendiente de aprobación al finalizar el año. Hubo informes de persecución a periodistas y personas defensoras ante violaciones al derecho a la libre expresión, y de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía para reprimir manifestaciones, resume sobre Paraguay. También resaltan como hechos negativos la prohibición por el Ministerio de Educación y Ciencias de los materiales de educación pública sobre igualdad de género, derechos reproductivos y sexualidad.