29 mar. 2024

Identifican a funcionarios municipales como invasores de casas de Senavitat

Un grupo de empleados de la Comuna esteña serían los ocupantes de las casas. El asesor del dueño de la propiedad habla de flagrancia y pide que la Policía Nacional los identifique para su expulsión.

Ocupantes.  El abogado de los propietarios del inmueble presentó la lista de invasores.

Ocupantes. El abogado de los propietarios del inmueble presentó la lista de invasores.

Noelia Duarte Solís

CIUDAD DEL ESTE

Hace 10 días que fueron invadidas en el km 10 Acaray de Ciudad del Este 150 viviendas, construidas por Senavitat, en la propiedad de Joaquín Paiva, que nunca fue transferida al ente público por acciones deshonestas promovidas por responsables de la obra y la institución estatal.

Mauro Barreto, asesor legal de los Paiva, presentó una lista de invasores, donde figuran funcionarios municipales y familiares de Aida Molinas, seccionalera zacarista de ese sector, a quien sindican como principal instigadora de la invasión. El letrado menciona además a la intendenta Sandra McLeod y a su marido, Javier Zacarías.

El Ministerio Público, a través del fiscal Julio César Yegros, también ofició a la Policía Nacional para que proceda a la identificación de los ocupantes y resolver su procesamiento por invasión de inmueble ajeno.

IDENTIFICADOS. Los familiares de Aida Molinas que están ocupando irregularmente las casas en el km 10 Acaray, son Juan Cancio Molinas (padre), Débora Molinas (hija), Richard y Derlis Molinas (hermanos de Aida).

También fueron individualizados por los dueños del inmueble Lizandra Chávez, Rocío Cañete, Isidora Brizuela Silva, Alcides Rojas Aquino, Basilio Aquino Domínguez, Ricardo Villalba Aguirre, María Stella Flores de Agüero, José Espínola, Lucio Rubén Agüero Flores y Justo Abel Jara Santacruz.

Entre los funcionarios municipales que invadieron las casas, los Paiva sindican a Adolfo Paredes (panadero), Gustavo Javier Gaona (auxiliar administrativo), Pablo Benítez López (asistente administrativo), Aida Luz Molinas Ramírez (asistente), Victor Hugo Maidana Bernal (auxiliar) y Nelson Ramón Salas Duarte (fiscal).

Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron ninguna reacción sobre la denuncia del asesor de la familia Paiva y tampoco en lo referente a las acusaciones de instigación contra la propia intendenta y su esposo, el político colorado Javier Zacarías Irún.

LAS VIVIENDAS. Las 150 casas construidas en el terreno de los Paiva fueron erigidas en el año 2012 y se debió pagar por el terreno G. 1.600 millones, en un solo pago, pero el señor Joaquín Paiva solo recibió el 50% de Arnaldo Barreto, responsable de la constructora El Progreso, que se encargó de las obras en el lugar.

Con esto, nunca se hizo la transferencia del inmueble a nombre de Senavitat y se construyó la obra en un terreno privado. A inicios de este año falleció el señor Paiva y sus herederos son los que están impulsando las acciones tanto contra los invasores como para cobrar al ente público por el terreno utilizado.

El abogado Mauro Barreto acusó a Soledad Núñez, ministra de la Senavitat, de mentir en relación al caso, pues no accionan ante la invasión ni realizan los trámites para zanjar el impasse respecto a la deuda que se tiene con los Paiva.

“Ella sale a decir que no cree que los Zacarías estén detrás de la invasión, que el presidente Cartes no va a permitir ese tipo de hechos, pero no hacen nada tampoco”, se quejó el profesional.


Acciones de la Secretaría
Por su parte, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) emitió un comunicado con respecto a las casas invadidas en el km 10 Acaray de Ciudad del Este, donde anuncia que la institución reclamará sus derechos en el juicio sucesorio de Joaquín Paiva. La cartera estatal acompañó además al contratista a formular la denuncia ante la Policía y presentarla en el Ministerio Público. “Así también hemos manifestado a dicho ente el interés de la Senavitat en desocupar el terreno para poder concluir las obras”, menciona el documento, en el que la secretaría menciona que el proyecto afectado forma parte de las 3.500 viviendas paralizadas que la administración heredó de gobiernos anteriores, y de las cuales se han logrado reactivar alrededor de 1.500 casas.