“He solicitado asilo político porque tengo fundadas razones que me llevan a pensar que sectores de la extrema derecha salvadoreña están planeando atentar contra mi integridad física”, aseguró Funes en sus redes sociales.
El 2 de septiembre pasado el Gobierno de Daniel Ortega otorgó el asilo al ex jefe de Estado, investigado en El Salvador por supuesta corrupción, porque lo considera un “perseguido político”, según publicó hoy La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.
De acuerdo con la información oficial, también fueron asilados Ada Michell Guzmán, pareja del exmandatario, y sus hijos de 34, 25 y 2 años de edad.
Según Funes, las acciones de la Fiscalía salvadoreña, que le imputa al menos 5 delitos, son coordinadas por la derecha, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y “los grupos de poder económico”.
“Ahora que han transcurrido más de dos años desde que salí del gobierno es claro que usarán las instituciones del Estado que aún controlan para provocar mi muerte civil y política, y si es posible mi anulación física”, sostuvo.
Entre las motivaciones de la “venganza” están la denuncia de “sonados casos de corrupción como la venta ilegal de las acciones” estatales de una empresa de energía geotérmica “a una transnacional italiana”.
También por hacer público “el desvío” de 15 millones de dólares de “fondos provenientes de la cooperación taiwanesa” por el expresidente Francisco Flores (1999-2004), fallecido a inicios del 2016.
Por otra parte, negó que con su salida hacia Nicaragua busque “evadir la justicia salvadoreña” o que está “renunciando” a su “defensa en las instancias correspondientes”.
“Estoy convencido que puedo demostrar mi inocencia y desmontar un proceso de acusaciones arbitrarias en mi contra que inició la Sección de Probidad” de la Corte Suprema, “que me ha llevado a enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito en una Cámara de lo Civil”, expuso.
Funes es investigado penalmente en El Salvador por enriquecimiento ilícito y “posible” lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el máximo tribunal debido al incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares.
La Fiscalía salvadoreña también lo acusa de favorecer con contratos a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez, por lo que allanó sus empresas y la casa del expresidente, lo que el antiguo presidente ha catalogado como “show” político.
“La Fiscalía debe hacer su trabajo apegada a derecho y respetando mis garantías constitucionales”, concluyó.
Funes fue el primer mandatario en llegar al poder de la mano de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, actual partido de Gobierno y afín al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el Gobierno de Nicaragua.
