La declaración de “calamidad financiera” fue publicada en el Diario Oficial de ese estado, considerado uno de los más prósperos del país pero arrastrado por las penurias económicas que ya sienten otras regiones, como Río de Janeiro, que decretó esa misma situación a mediados de este año.
El decreto dice que, a partir de esa declaración, el gobierno regional podrá “adoptar medidas excepcionales” que no detalla pero que considera “necesarias para la racionalización de todos los servicios públicos”, con excepción de aquellos “considerados esenciales”.
Entre los motivos que han llevado a esa decisión, el decreto cita la “incapacidad de financiación del sector público” y una fuerte caída de la recaudación tributaria, entre otros motivos.
El decreto fue publicado un día después de que el gobernador de Río Grande do Sul, José Ivo Sartori, anunció un severo programa de ajustes que implicará la extinción de once organismos vinculados a esa administración regional, el posible despido de 2.000 empleados públicos y recortes salariales, entre otras medidas.
Un paquete similar ha sido propuesto por el gobierno regional de Río de Janeiro, que también se ha declarado en una situación de “calamidad financiera”, pero su plan de ajuste ha sido resistido por funcionarios, entre los que se cuentan policías y bomberos, que se manifiestan casi a diario contra esas medidas.
En una situación similar están varios de los 27 estados del país, cuyos gobernadores tiene previsto reunirse hoy mismo con el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, a fin de buscar alguna alternativa financiera que les permita enfrentar la crisis, que en algunos casos ha llevado a pagar los salarios de los funcionarios en cuotas.
Sin embargo, el Gobierno federal ha advertido de que tiene escasa posibilidad de maniobra, ya que también enfrenta un severo déficit fiscal que lo he llevado a imponer una férrea austeridad y recortar sus propios gastos.
El Gobierno incluso ha propuesto al Parlamento un proyecto de enmienda constitucional mediante el cual pretende limitar el aumento anual del gasto público a la inflación registrada en el ejercicio anterior durante las próximas dos décadas.
