“En Río de Janeiro grupos paralegales y paramilitares han estado participando activamente en el proceso electoral. Nos preocupa que el crimen organizado esté involucrado en la financiación de las elecciones y que se organicen políticamente”, afirmó recientemente el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) Gilmar Mendes.
La situación que denunció Mendes es especialmente preocupante en zonas como la Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, donde la violencia política se ha agudizado en vísperas de las elecciones municipales del día 2 por la acción del crimen organizado y de las llamadas “milicias”, que surgieron para combatir el narcotráfico pero han pasado a controlar por la fuerza amplios territorios en zonas empobrecidas.
“En el pasado algunos grupos criminales llegaron a presentar a sus propios candidatos, pero esa notoriedad provocó una reacción por parte de la sociedad, lo que incidió en las fuerzas de seguridad, que acabaron combatiendo con más ahínco a esas cuadrillas”, señaló a Efe el coordinador do Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) de Río de Janeiro, Cláucio Cardoso, que investiga la violencia política en el estado.
En la actualidad, agregó, estos grupos ya no presentan candidatos sino que apoyan a personas de confianza, ya sea financieramente o mediante el uso de la violencia contra sus adversarios.
“Esto genera un auténtico asedio a los posibles candidatos en los meses previos a las elecciones”, admitió Cardoso, que subrayó que el móvil último de las bandas criminales y las milicias es económico.
“Los criminales buscan el dinero, no tienen ideología” y ese afán de “enriquecimiento” es compartido por las facciones criminales, las milicias y las tramas de corrupción política, dijo.
Las organizaciones violentas crecen gracias al control de las ‘comunidades’, núcleos urbanos pobres sometidos por narcotráficantes y bandas que cobran comisiones por el suministro del gas, electricidad, internet o seguridad.
“Una comunidad, aunque tenga poca renta, consume y puede ser una fuente inagotable de ingresos”, añadió Cardoso.
La búsqueda de financiación salpica también a las elecciones mediante la llamada “tasa electoral” que el crimen organizado cobra a los candidatos para permitirles hacer campaña en sus zonas de control y que oscila entre los 15.000 y los 20.000 reales (de 5.000 a 6.500 dólares), según denunció hoy el diario O Globo.
Además, explicó a Efe el coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Ignacio Cano, durante décadas “la política fue la manera de protegerse frente a procesos legales”.
Según datos de la UERJ, una quinta parte de la población brasileña vive en territorios controlados por facciones criminales, lo que “coarta la libertad” de los votantes, ya que es “ilusorio” pensar que se puede controlar la situación en esas áreas durante la campaña electoral, relató Cano.
Según el experto, las milicias, grupos vinculados con las fuerzas de seguridad que en ocasiones “son una evolución de antiguos grupos de exterminio”, son las más interesadas en acceder a los organismos públicos porque “tienen una mayor estrategia; el traficante de drogas, generalmente, no tiene una gran formación intelectual y carece de capacidad organizativa”.
El objetivo de estos grupos paramilitares es “juntar el viejo clientelismo con una nueva violencia coercitiva”, que a veces es practicada contra los políticos y otras por los propios políticos, añadió.
Los casos de violencia política se multiplican en todo el país, como el de Túlio Bandeira, candidato a la alcaldía de Foz do Iguaçu (Paraná), que fue detenido hace un par de semanas acusado de asociación criminal con invasión de tierras y extorsión.
Otros casos, como el Carlos Macedo, concejal suplente del Niteroi que contrató a un sicario para asesinar al titular y acceder a su cargo, o el del alcalde de Paraty, Carlos José Gama Miranda, que recibió un disparo en la cabeza por una disputa sobre unos terrenos públicos, evidencian que la política en Brasil es una profesión de alto riesgo.
“Es cierto que es arriesgado meterse a político”, concedió Cardoso quien, no obstante, quiso mostrarse optimista al considerar que “son casos puntuales que no comprometen el sistema electoral”.
Rafael Salido
