El Ejército y la Policía han desplegado vehículos blindados y fuerzas especiales en las principales avenidas y plazas de El Cairo, como la de Tahrir, y en los puentes sobre el río Nilo, según pudo constatar Efe.
La Coalición de Defensa de la Legitimidad, que agrupa a partidos y organizaciones islamistas que rechazan el golpe militar contra Mursi, ha convocado una “semana revolucionaria” hasta el próximo 3 de julio, cuando se produjo la asonada.
Bajo el lema “retornen a sus cuarteles”, la alianza subrayó que no cesará la revolución hasta “lograr la victoria y el castigo de los golpistas, recuperar la legitimidad robada, juzgar a los asesinos, dar justicia a los mártires e instaurar un gobierno civil”.
Por su parte, las autoridades decidieron ayer suspender las celebraciones previstas para conmemorar el aniversario en señal de duelo por el asesinato del fiscal general, Hisham Barakat, en un atentado con coche bomba en El Cairo.
Ante la posibilidad de que se registren disturbios, aunque desde hace más de un año la movilización de los islamistas es muy limitada debido a la represión policial, un total de 190.000 efectivos se seguridad se encargarán de mantener el orden en todo el país estos días.
Además, las autoridades del metro anunciaron el cierre para hoy de la estación Al Sadat, en la emblemática plaza Tahrir, por razones de seguridad y por tiempo indefinido.
Esta estación del suburbano fue reabierta el pasado 17 de junio tras casi dos años cerrada para evitar disturbios.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad anunció hoy que ha preparado un total de 2.715 ambulancias y equipos médicos de urgencia en los hospitales para afrontar eventuales emergencias.
En la provincia de Suez, en el noreste de Egipto, las fuerzas de seguridad han intensificado sus redadas en las zonas desérticas próximas al canal de Suez, y helicópteros sobrevuelan la zona.
La jornada ha sido declarada festiva por las autoridades, por lo que las calles de El Cairo se mantenían hasta el mediodía tranquilas.
Las manifestaciones multitudinarias del 30 de junio contra Mursi, dirigente de los Hermanos Musulmanes, desembocaron en el derrocamiento militar del presidente el 3 de julio de 2013.
Desde entonces, los miembros y simpatizantes de la cofradía han sido detenidos, juzgados y muchos de ellos condenados a duras penas de cárcel e incluso a muerte.
El propio Mursi fue sentenciado el pasado 16 de junio a la pena capital por fugarse de una cárcel y atacar a las fuerzas de seguridad, y a cadena perpetua en un caso de espionaje y colaboración con grupos extranjeros.
