Se dio ayer un fuerte revés judicial para el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, y sus amigos, quienes con chicanas pretendían zafar de los procesos en los que se les investiga por un grosero esquema de planillerismo imperante en la entidad electoral, descubierto gracias a una investigación realizada por Última Hora.
La fiscalía tiene ahora vía libre para indagar a los que cobraron sin trabajar en el ente electoral.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco, rechazó, el 24 de diciembre pasado, la impugnación contra los 13 agentes fiscales de delitos económicos y anticorrupción y uno de la unidad ordinaria, que había sido presentada por Gloria María Paz Silveira Arza, bajo el patrocinio de la abogada Fátima Méndez.
Gloria Silveira Arza es hermana de Clara Haydée Silveira, quien fungía de asesora del TSJE y cobraba millonaria suma mientras viajaba por todo el mundo. Ella es esposa del abogado Manuel Radice, amigo de Ramírez Zambonini.
El ministro avalaba que la esposa, varios parientes de Radice y otras personas cobren sin trabajar en el TSJE.
advertencia. Pero además de confirmar a los fiscales para seguir investigando el caso, los miembros de la mencionada sala de la Corte impusieron un llamado de atención a la impugnante Gloria Silveira Arza y a su abogada, Fátima Méndez, por anteponer varias chicanas jurídicas que cortan el desarrollo del proceso. Ambas fueron advertidas, además, de que en caso de persistir en conductas procesales dilatorias, serán sancionadas.
La impugnación afectaba a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera, Victoria Acuña, Silvia Cabrera, Yolanda Portillo, Liz Nadine Portillo, Aldo Cantero, Liliana Alcaraz, José Dos Santos, Luis Piñánez, Josefina Aghemo y René Fernández.
La defensa también había pedido que sean apartados el fiscal de la Unidad de Lavado de Dinero, Hernán Galeano; el fiscal adjunto, Federico Espinoza, y Juan Leonardi Guerrero, agente de una unidad penal ordinaria de Asunción.
Todos fueron impugnados por supuesta falta de objetividad y porque los procesados no fueron notificados.
Para el Ministerio Público, ambos argumentos son inválidos debido a que la falta de objetividad, si es que la hubiera, no es una causal de recusación a fiscales. Además, los agentes sostienen que no tenían por qué notificar a las investigadas de las diligencias realizadas debido a que aún no se había formulado ninguna imputación en la causa. Ramírez Zambonini y otras 10 personas más de su entorno fueron imputados en el caso.