El caso más inédito que lleva 17 años en la Justicia sin poder avanzar por las reiteradas suspensiones de las audiencias es el del ex ministro del Interior Walter Bower, procesado por supuesta tortura, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y coacción, durante la intentona golpista de mayo del 2000, en perjuicio de varios uniformados.
La causa no puede prescribir porque los hechos investigados son considerados delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, de acuerdo con la Constitución Nacional.
En este caso, la audiencia preliminar –donde se debe decidir si se eleva o no a juicio oral el proceso– está trabada.
Sigue en la lista el ex ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y actual senador liberal, Enzo Cardozo, quien cuenta con dos procesos penales abiertos. El primero por un desembolso irregular de G. 59.552.639.175 a favor de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay (Fenaprofhp). En esta causa también fue imputado por la Fiscalía el ex ministro Rody Godoy, de la era de Federico Franco.
En tanto, en la segunda imputación, ambos ex ministros fueron procesados por un desvío de G. 3.700 millones que debían ser destinados a comités de productores a través del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope).
En ninguna de las causas aún se ha podido realizar la audiencia preliminar por chicanas de la defensa.
Similar situación ocurre con el proceso por lesión de confianza contra el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, donde hubo un desembolso de G. 1.131.812.500 para la refacción de 24 comisarías. Desde el 2014 está pendiente la audiencia preliminar.
En cuanto al proceso por la compra irregular de cuatro helicópteros para el Ministerio del Interior, está pendiente el inicio del juicio oral y público, ya que se encuentra en la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra el auto de apertura a juicio.
Otro ex ministro secretario en similar situación es Camilo Soares –un mimado del ex obispo Fernando Lugo, que estuvo al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional–, por una supuesta sobrefacturación en la compra de alimentos e insumos. Debía afrontar la audiencia pública en febrero pasado, pero tras un pedido de suspensión por parte de su abogado, no pudo concretarse.
Finalmente, quien completa la larga lista es el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indi), Luis Ortigoza, encausado por un supuesto perjuicio de G. 60.294.298.050 en el tan polémico caso de las tierras de San Agustín. Su juicio está fijado para el 11 de setiembre, pero había pedido también la suspensión en varias ocasiones, alegando que está pendiente de resolución una acción.
Sobreseídos
Francisco Rivas, Martín Heisecke y Diego Zavala, tres ex ministros de Industria y Comercio de los gobiernos de Lugo y Franco, fueron imputados junto con otras 46 personas por un presunto esquema de contrataciones sucesivas de planilleros. Sin embargo, fueron sobreseídos en mayo pasado por el juez Paublino Escobar.
La misma suerte tuvieron los ex ministros de Justicia Humberto Blasco y Lorena Segovia.