En caso de que los empleados del Estado no cumplan con el requisito, se aplicará una multa de 300 jornales mínimos legales, es decir, más de 16.582.320 guaraníes, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos sean nombrados o contratados, y de ser electos en elección popular, por término de 10 años.
En caso de que no presenten documentos e información adicional requeridos por la Contraloría, también se aplicará una multa de 200 jornales (más de 11 millones de guaraníes) para actividades diversas no especificadas.
El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy, valoró la sanción que ahora se aplicará a los funcionarios públicos que infrinjan la disposición legal. Si bien obliga y establece una serie de requerimientos, consideró que el nuevo elemento servirá como motivación para la presentación de la declaración jurada de todos los funcionarios del Estado.
trabas. La nueva ley que entra en vigencia tuvo sus tropiezos en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez, había remitido al Ejecutivo la ley sin la firma del presidente del Senado, Julio César Velázquez. Este último se había resistido a firmar el documento. Esto atendiendo a que en el periodo pasado, la ley, pese a su sanción automática, fue archivada.
La ley promulgada por Cartes ampliará las facultades de la Contraloría General de la República, que analizará con mayor rigurosidad las declaraciones juradas que sean presentadas por los funcionarios públicos.
El presidente de la República había presentado su declaración jurada, pero ordenó que nadie pueda conocer en detalles los bienes y las innumerables empresas privadas que están en el grupo Cartes.
El contralor tendrá potestad de sancionar a los funcionarios responsables de las instituciones obligadas y que incumplan con las obligaciones previstas con 500 jornales mínimos legales, es decir, alrededor de 27 millones de guaraníes. Además de la inhabilitación de ocupar cargo público durante 10 años.
También se establece la creación de la dirección de control de declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos. Tendrá a su cargo la implementación de la ley. Se crea el registro público de las declaraciones juradas de bienes.
