Según un comunicado del organismo difundido este viernes, bajo el marco del Día Internacional de los Defensores de los Derechos Humanos, en la ciudad chilena de Temuco (sur), los casos denunciados en la plataforma “no son más que la punta del iceberg”.
La nueva herramienta pretende arrojar luz sobre una crisis invisible y sobre las historias de quienes trabajan contra poderosos intereses políticos y económicos para proteger los recursos “sin los cuales ninguno de nosotros podríamos vivir”, añade Amnistía Internacional (AI).
Agrega que un caso emblemático ocurrido en la región es el de Berta Cáceres en Honduras. El cobarde asesinato a esta líder indígena fue una tragedia anunciada y nos dejó el temido mensaje que hacer activismo por los derechos humanos en ese país puede ser letal.
“Hoy más que nunca, los y las activistas que defienden el medioambiente son el blanco de una campaña implacable destinada a impedirles proteger recursos naturales vitales”, señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.
Un ejemplo cercano es el caso de Máxima Acuña en Perú, quien lucha por defender sus tierras afectadas por la actividad minera. Esta campesina ha hecho frente a violentos ataques de la Policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive con su familia.
La campaña de intimidación que vive Máxima tiene por objetivo hacerle la vida imposible, de forma que desista y se marche. “Esta cruel estrategia de amedrentamiento” la viven con frecuencia los y las activistas ambientales en la región, añade el comunicado.
En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile, Ana Piquer, señala que “los defensores y defensoras del territorio han sido víctimas de ataque en todas las Américas, y lamentablemente Chile no es la excepción”.
La plataforma online presentada hoy ante la prensa en Temuco incluye dos casos ocurridos en Chile, ambos vinculados a la lucha mapuche por el territorio.
El primero, es el lonko Víctor Queipul Huequil de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quien tras una historia de acoso policial y criminalización que ha afectado a él y a su familia, en junio de este año fue secuestrado por ocho horas, durante las cuales fue amarrado, golpeado y amenazado de muerte debido a sus actividades de defensa de las comunidades.
El segundo caso es la abogada Karina Riquelme Viveros del Centro de Investigación y Defensa Sus (Cidsur), en Temuco, que trabaja en la defensa de causas de imputados mapuche, y ha sido también criminalizada y amedrentada por funcionarios policiales.
Amnistía Internacional considera que los casos de Queipul y Riquelme deben tomarse como una señal de alerta “extremadamente grave”.
“Es imprescindible que en casos como estos se investiguen a fondo los hechos denunciados, se sancione a quienes resulten responsables, y se adopten medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir”, enfatizó Ana Piquer.
Según el organismo, América Latina se ha convertido en la región más peligrosa para las personas que trabajan sobre esos temas.
Tan sólo en 2015, la ONG Global Witness registró 185 homicidios de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo; de ellos, 122 tuvieron lugar en Latinoamérica.
