Un estudio reciente encuentra que la inversión pública anual dirigida de manera directa a la juventud es de apenas 750.000 guaraníes por persona, una cifra que resulta cuatro veces menor que varios países de la región. Esta baja prioridad fiscal explica la existencia de intervenciones públicas de baja cobertura y mala calidad. No hay políticas que garanticen cobertura universal y las que existen se implementan de manera fragmentada y presentan serios problemas de gestión.
Se abren las escuelas y hospitales, pero sin contar con todos los insumos necesarios; los puestos de trabajo que se crean son precarios y se impulsan cursos para el desarrollo del emprendedurismo, pero sin activos o créditos; la asistencia técnica es inadecuada y el acceso a la información y a los mercados es limitado.
Actualmente, alrededor de 2.000.000 de personas son jóvenes en Paraguay. Dada la todavía baja cobertura educativa en los niveles técnicos y superiores, así como la baja calidad de la educación, estos jóvenes tienen pocas herramientas para construir una vida digna y con autonomía y, menos aún, para impulsar la transformación productiva que requiere Paraguay para desarrollarse integralmente e insertarse al mundo con mayor competitividad.
Las decisiones que toman las personas durante la juventud —como la conformación de una familia, los estudios, el tipo de empleo y el ahorro a futuro— afectan no solo su trayectoria de vida, sino también a las posibilidades que tiene un país de salir adelante.
Sin embargo, estas decisiones hoy son tomadas en un contexto de importantes restricciones y obstáculos. En muchos casos, ni siquiera existen opciones para que puedan tomar estas decisiones. Los jóvenes están simplemente encadenados a una vida sin elección ni oportunidades.
No existen políticas para la mayoría de los problemas que enfrenta la juventud. La educación constituye un gran desafío. Muchos jóvenes ya están fuera del sistema formal sin haber concluido ni siquiera el nivel medio. La formación técnica y laboral tiene un bajo impacto en su objetivo de mejorar las competencias que requiere el mercado de trabajo, mientras que la educación superior es de baja cobertura y también deficiente en calidad.
Una juventud que no logra acumular las capacidades educativas mínimas será un adulto que difícilmente logrará construir una trayectoria laboral de calidad. En este caso pierde no solo el joven, sino todo el país, ya que se desperdició la oportunidad de contar con un trabajador que aporte a la producción nacional, que genere tributos para financiar las políticas públicas y que contribuya a proveer sostenibilidad de la seguridad social.
En la vejez, pasará a formar parte de una población empobrecida, sin acceso a mecanismos de seguridad social que le permitan una vida activa y productiva socialmente, y en condiciones dignas.
La juventud es la que va a permitir que nuestro país cambie. Necesitamos reducir la pobreza y las desigualdades, mejorar su calidad de vida y ese esfuerzo hay que hacerlo hoy. Ojalá el presupuesto público 2020 empiece a mostrar cambios en este sentido, proporcionando los recursos que exige potenciar el bono demográfico.