Desde hace años diversas voces señalaban el escaso impacto del crecimiento en el bienestar económico de las personas. Los bajos ingresos laborales y la deficiente calidad del trabajo no garantizaron mejoras sustanciales en la vida de la población paraguaya.
Más de dos tercios de los trabajadores adultos ganan menos del sueldo mínimo, monto requerido, en teoría, para cubrir las necesidades básicas de una familia. Solo un tercio de ellos cuentan con los beneficios de la seguridad social.
Esta situación muestra que el trabajo generado por el crecimiento económico en todos estos años fue precario y apenas suficiente para sacar de la pobreza a una parte mínima de la población. La gran mayoría está siempre con altos niveles de vulnerabilidad porque no cuentan con los medios económicos ni con la protección del Estado cuando envejecen, se desemplean, pierden el trabajo o la cosecha. En otros casos, aunque cuenten con alguna ocupación, es altamente inestable y no logran construir un proyecto a largo plazo que les garantice una vida digna.
El Estado tampoco se benefició, ya que durante tantos años de buen desempeño económico las recaudaciones tributarias fueron exiguas, ubicando al país entre los de menor carga tributaria en la región.
En definitiva, ninguna de las dos vías por las cuales el aumento del PIB beneficia a la población fue eficiente. Estos resultados tampoco contribuyeron a reducir las profundas desigualdades, ya que las políticas nunca tuvieron suficientes recursos para llegar a los más excluidos, la educación todavía requiere aumentar cobertura y calidad, el acceso a la salud está restringido a quienes cuentan con ingresos altos, la tierra está inaceptablemente concentrada, los servicios públicos se concentran en el sector urbano.
Así, las políticas no tienen impacto en la redistribución y lo que logran por el lado de la inversión social se neutraliza en parte porque el sistema tributario sustentado en impuestos es inequitativo.
La situación empeora al considerar que en los últimos 4 años, aun con crecimiento positivo, la pobreza se estancó y la desigualdad aumentó. Este resultado debe llamar la atención. Las autoridades deben analizar qué es lo que está pasando y plantear soluciones que en el corto y mediano plazo empiecen a dar señales de reversión.
La persistencia de las desigualdades constituye un riesgo para la sociedad. La evidencia empírica señala con mucha claridad que las brechas obstaculizan la sostenibilidad del crecimiento económico. La estabilidad política también está amenazada cuando tenemos extremos como los existentes en Paraguay. Un caso muy claro es el conflicto por la tierra. Muchos estudios alertan sobre el rol que tienen las desigualdades en el aumento de la inseguridad ciudadana.
En definitiva, el buen desempeño económico es incompatible con la desigualdad y la pobreza, por lo que debe contribuir a reducirlas. Para eso se requieren políticas que impulsen cambios profundos en la economía. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de generar estos cambios.