Lucio Caballero es una de las tres personas que fueron contratadas en la Cámara de Diputados gracias a la influencia del colorado Tomás Éver Rivas, pero que, sin embargo, prestaban servicios en las propiedades particulares del legislador.
Caballero, a pesar de que, según el diputado, era su persona de confianza y por eso fungía como su chofer y registraba su presencia por medio de planillas, ya no consiguió su recontratación.
En junio pasado venció su contrato y Rivas ya no solicitó a la dirección de Recursos Humanos que el mismo siguiera como funcionario, como sí lo hizo con Reinaldo Chaparro y Nery Antonio Franco, que lograron ser recontratados.
IMPUTADO. El dirigente colorado de Paraguarí fue imputado por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, justamente por hacer figurar a estos tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados.
El proceso contra Rivas, sin embargo, no puede seguir debido a las chicanas judiciales presentadas por el legislador cartista, quien incluso apeló el pedido de desafuero que realizó el juez Rubén Riquelme. Esta apelación sirvió de argumento para que la Comisión de Asuntos Constitucionales no dictamine la solicitud y el trámite está parado en la Corte Suprema de Justicia.