Cuando la Secretaría Técnica de Planificación (STP) anuncia que en la próxima semana habrá un decreto del Ejecutivo para mejorar el plan vía compras simplificadas en los departamentos de Misiones y Paraguarí, la primera reacción cabe en esta frase: "¡Ndee, por fin los verdaderos agricultores van a proveer a las escuelas y los intermediarios politiqueros y comerciantes van a desaparecer!”.
Si de esa primera impresión se pasa a la lectura comprensiva del “cambio” que la STP piensa introducir en el 2015 en el plan piloto que se prepara para volar por segundo año, se concluye que esa visión optimista es insostenible.
¿Por qué? Porque las modificaciones del decreto que puso en vigencia la modalidad de compra con trámites burocráticos reducidos a su mínimo nivel para que los campesinos agricultores vendieran productos frutihortícolas para el almuerzo de los alumnos de escuelas públicas no van a solucionar el problema principal.
El pa’â fundamental del esquema que comenzó a funcionar este año como parte del programa de lucha contra la pobreza del Gobierno es que la mayoría de los proveedores no son aquellos para quienes se creó el plan sino los ñemboagricultores, esos intermediarios —comerciantes u operadores políticos— que compran los productos para revenderlos a las gobernaciones. La investigación de ÚH lo demostró hasta el hartazgo.
Si lo que el ministro José Molinas, de la STP, dio a conocer apuntara a sacar de en medio a los falsos agricultores para darle el rumbo correcto al plan para que los chokokue añetete sean los que venden su lechuga, tomate, mandioca y otros productos a las escuelas, podría hablarse de mejoras en el plan vigente.
Lo que se viene, sin embargo, será solo una manifestación más del gatopardismo de cuño lampedusiano —aquí aplicado a una jugada maestra de índole político-económica— que aparece en todos lados: cambiar para no cambiar nada.
Uno de los “cambios” apunta a poner topes de 30 a 50 millones de guaraníes a cada contrato. En la norma vigente no hay límite. Por eso hay adjudicaciones de 875, 650 y 454 millones de guaraníes.
Otro, a que se “actualizarán” los precios de referencia del Ministerio de Agricultura. Así se evitará el bochorno de que en el Abasto la naranja esté a 1.600 guaraníes el kilo y llegue a destino a 14.000.
El nuevo decreto achicará la torta, pero aumentará el número de comensales. El año político que se avecina lo “justificará”. Los verdaderos labradores de la tierra seguirán mirando kora ári guive.