En contra de los pronósticos de muchos dirigentes políticos, quienes asumían que el Paraguay sería condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la demanda presentada por los ex dirigentes del Partido Patria Libre y actualmente prófugos de la Justicia, asilados en el Brasil, Juan Arrom y Anuncio Martí, por un caso de supuesta tortura en manos de policías en el año 2002, ayer se conoció finalmente la sentencia del organismo internacional, en la que se declara que el Estado no es responsable de los cargos de los que se le acusa.
En su histórico fallo, la CIDH considera que “los indicios presentados eran insuficientes para concluir que los señores Juan Arrom y Anuncio Martí fueron privados de su libertad por agentes estatales” y por tanto considera que el Estado paraguayo no es responsable de haber violado varios artículos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ni de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por tanto no debe pagar las millonarias reparaciones solicitadas, además de las costas y los gastos que exigían los demandantes.
El resultado del juicio internacional implica una victoria política para el actual Gobierno y para todo el sistema de Justicia, que ha debido hacerse cargo de un caso de mucha gravedad que anteriores gobiernos no habían atendido debidamente, pero principalmente el fallo trae una sensación de alivio para gran parte de la ciudadanía, ya que no se deberá pagar los 123 millones de dólares en concepto de “indemnización” que los demandantes solicitaron por las supuestas torturas que sufrieron.
La sentencia de la CIDH constituye una importante revalorización del sistema internacional de defensa y protección de los derechos humanos, del cual nuestro país forma parte, principalmente desde el retorno a la democracia tras la caída de la dictadura stronista, cuando el entonces gobierno de Andrés Rodríguez sancionó, en julio de 1989, la Ley N° 1, en la que se aprobó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que permitió incorporar al Paraguay en el sistema internacional, bajo la esfera de organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado paraguayo ya ha sido condenado en estas instancias por varios casos de violaciones de derechos humanos, principalmente por no amparar el derecho de comunidades indígenas a preservar sus territorios, como por casos de muertes de jóvenes en las cárceles.
En este caso, a pesar de que algunos parlamentarios y líderes políticos planteaban que el Paraguay se autoexcluya del sistema, ha sido importante mantenerse y presentar una defensa sólida, logrando finalmente que, como pocas veces, la CIDH falle a favor de un Estado y no de los demandantes.
Lo ocurrido debe llevar a asumir con más seriedad la importancia de respetar y proteger los derechos humanos. Hay otros casos de presuntas violaciones por los que el Paraguay todavía deberá responder ante la CIDH y no existen garantías de que se logre el mismo resultado.