Los senadores Amado Florentín, Hermelinda Alvarenga y Gilberto Apuril presentaron sus reclamos al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, con relación al bloqueo de la pensión alimentaria dirigida a los adultos mayores.
Fue durante la reunión de la mesa directiva y los líderes de bancada, en la que participó también el contralor general Camilo Benítez.
El mismo remarcó que la Contraloría aún no realizó ninguna recomendación a la nueva ley, que fue promulgada en el 2020.
Llamosas refirió que son casi 600 los adultos mayores que están con bloqueo preventivo, y que el censo para verificar si cumplen con los requisitos tiene un costo de USD 1 millón.
Florentín consultó cuál era la exigencia, recordando que la ley establece la universalidad de la pensión.
“Existen personas de la tercera edad, calificadas y bloqueadas. Algunas no califican por tener baño moderno o porque su hijo trabaja”, cuestionó Hermelinda.
“Para mí es claro. No existe recomendación. Todos los excluidos, a partir de la promulgación, deben ser reincorporados”, sostuvo Florentín, y alegó que esa va a ser la lucha, hasta que se cumpla lo que establece la ley.
Llamosas refirió que la normativa habla de situación de vulnerabilidad, y que se deben garantizar los recursos del Estado. Mencionó que actualmente hay 232.000 beneficiarios activos.
Aseguró que Hacienda está cumpliendo con el programa que tiene un costo anual de USD 200 millones.