La gran cantidad de desalojos a comunidades indígenas y campesinas en las últimas semanas, tras la aprobación de la denominada Ley Zavala-Riera, que aumentó la condena a las invasiones de propiedad privada, ha generado la reacción de diversos sectores de la sociedad, entre agremiaciones indígenas, campesinas, organizaciones de derechos humanos, grupos políticos y la propia Iglesia Católica, donde además de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se pronunciaron otros grupos.
La presidenta actual de la Confederación de Religiosos del Paraguay (Conferpar), la hermana Raquel Peralta, misionera sierva del Espíritu Santo, envió un fuerte mensaje tras el segundo desalojo dado este año con la comunidad Avá Guaraní de Cerrito, en la zona denominada Arroyo Guasu, en el distrito de Minga Porã, Departamento de Alto Paraná.
“Quiero expresar que este segundo desalojo de la comunidad Cerrito, de Arroyo Guasu, de Alto Paraná, es una situación que duele, indigna y avergüenza. El Estado paraguayo y este Gobierno de turno son responsables de esta situación... Duele ver a los verdaderos dueños de estas tierras, como primeros habitantes de lo que hoy es el Paraguay, que con aparatos del Estado, siempre al servicio de los terratenientes, del agronegocio, las multinacionales y, por supuesto, el narcotráfico, la narcopolítica, son atropellados y pisoteados su dignidad y el derecho territorial de los pueblos indígenas”, expresó. La comunidad indígena Cerrito fue desalojada por segunda vez el pasado lunes 29 de noviembre, sin orden judicial, según denunciaron las organizaciones religiosas que acusaron al Gobierno de genocida.
La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), señaló que los avá guaraní fueron víctimas de desplazamientos involuntarios para la construcción de la hidroeléctrica Itaipú y aún no han sido resarcidos por el daño causado.
CEP. La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió una carta abierta dirigida a las autoridades, donde cuestionaron los desalojos a comunidades, exigieron el respeto al derecho a la tierra, y recomendaron derogar la ley que criminaliza la invasión de inmuebles.
“Los episodios recientes nos producen indignación, por lo que instamos a las autoridades nacionales a precautelar los derechos de los pueblos originarios en nuestro país y el derecho a la tierra de nuestros compatriotas. En razón de la justicia que todos merecen, libre de arbitrariedades, (…), pedimos que se revisen los procedimientos realizados”, expresaron los obispos a través del escrito.
El pasado 23 de noviembre, más de 10 organizaciones campesinas e indígenas se reunieron en plenaria en Asunción, donde acordaron realizar, el próximo viernes 10 de diciembre, una gran movilización a nivel país, para pedir la derogación de la ley Zavala-Riera y el fin de la ola de desalojos.