El juez de la Niñez y Adolescencia de Salto del Guairá, Víctor Godoy, se encuentra bajo la lupa por estar involucrado en una supuesta malversación cometida en la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez, ex Puente Kyjhá. Esta vez, se hallaron más indicios en su contra.
El corresponsal Elías Cabral informó que se trata de documentos expedidos desde su despacho y firmados por él mismo, que son mandamientos judiciales de intimación de pago, a los cuales accedió Última Hora.
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En el marco del juicio ejecutivo caratulado Lino César Mercado Núñez contra la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez, que se tramita ante el Juzgado en la Secretaría 1, se ordenó a la Comuna el pago de G. 88 millones. El escrito fue recibido en mesa de entrada del Municipio el pasado 3 de marzo.
El otro mandamiento judicial de intimación de pago enviado a la Municipalidad por el magistrado fue en el marco de la deuda requerida en el juicio ejecutivo y embargo caratulado “Nelson J. Colmán contra Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez”, que fue tramitado en la misma secretaría. En este caso se ordenó el pago de G. 55 millones.
Semanas atrás, también se había hallado un oficio firmado por Víctor Godoy el 3 de julio de 2018, en el que pedía que se incluyera en el presupuesto municipal un monto de G. 360 millones, una deuda contraída por el ex intendente Ariel Araújo.
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El ex jefe comunal está preso en la cárcel de Tacumbú por supuesta lesión de confianza, apropiación y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
La deuda es reclamada por el juicio “Carlos Enrique Nicolaus contra la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez sobre juicio ejecutivo y embargo ejecutivo”, que se tramita ante el juzgado de Salto y su secretaría, desde octubre del año pasado.
Todas estas deudas no fueron asumidas por la Junta Municipal, que por Resolución 55/2017 determinó no asumir lo que no se haya realizado bajo los procedimientos establecidos en la ley orgánica municipal y la ley de contrataciones públicas, deslindando toda responsabilidad.
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El caso es investigado por el fiscal Vicente Rodríguez, de Salto del Guairá, quien apuntó que todas estas deudas fueron aparentemente contraídas en forma particular por Araújo, desde hace seis meses.
Supuestamente, se utilizó al juez para hacer que la Comuna asumiera todas esas deudas ingresándolas en el presupuesto general del siguiente año.
El magistrado había manifestado, por su parte, que solo “comunicó” a la Junta Municipal sobre las millonarias deudas, por si el cuerpo legislativo quiera incluir o no en el presupuesto de la Municipalidad.
No obstante, los mandamientos judiciales son órdenes libradas por jueces.
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Otro argumento con el que se defendió el juez es que en estos casos no se estudia el fondo de la cuestión, es decir, de dónde provienen las deudas, haciendo entender que no estaba en conocimiento de que con sus decisiones podía hacer que se paguen deudas particulares con dinero del erario público.
Actualmente, la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez está siendo intervenida por un equipo designado por el Ministerio del Interior encabezado por el abogado Amancio Rivas Fretes.