Es el principal puerto de Argentina y, según los expertos se ha convertido, a través de la hidrovía sobre el río Paraná, en punto privilegiado para salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia.
“Es un enclave estratégico para las organizaciones narcocriminales”, dice Claudio Brione, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, al citar tanto al puerto como una importante red de autopistas y carreteras.
“En ese transporte de drogas hacia otras partes del mundo, siempre algo queda y encuentra en los barrios de alta vulnerabilidad social lugar para la venta”, explica Brione, al referirse también a “una violencia inusitada entre distintas bandas por recuperar el territorio”.
Marcelo Antonelli preside el club Deportivo Reflejos, en Empalme Graneros, el sector de Rosario donde se levanta el barrio Los Pumitas. Frente a su sede, en una casa a la que los vecinos se refieren como ‘búnker’, fueron confiscados hace pocos meses 1.600 kilos de cocaína.
“En Rosario no hay una milicia narco. Son unos pocos pibes en moto, débiles, con muchas necesidades ¿Cómo no se va a poder frenar?”, pregunta.
CONNIVENCIA POLICIAL. Luciana Ginga, politóloga y criminóloga de la Universidad de Rosario, describe a esas bandas como “barriales, con un componente alto de connivencia policial”.
Y advierte sobre un entramado mayor: “El mercado ilegal que maneja el narcotráfico ha permitido en Rosario un desarrollo exponencial del mercado inmobiliario y de los bienes suntuarios, como los autos de alta gama, al igual que la movida nocturna”, afirma esta investigadora.
En Argentina, la palabra “balacera” se vincula con Rosario. Se usa tanto para referirse a un intercambio de disparos como a un ataque a balazos, muchas veces en contra de un inmueble con la intención de extorsionar a sus dueños. Y desde 2020 le da nombre a una oficina de la Fiscalía: la “Unidad de Balaceras”. La fiscala Valeria Haurigot explica que fue creada con el fin de “dar una visión global a un fenómeno criminal, cada vez más preocupante, que iba creciendo”.
Pero aunque las describe como “bandas muy precarias” y sostiene que se ha identificado a los autores de los hechos delictivos, Haurigot admite que el crimen no se detiene porque estos siguen actuando desde las cárceles.
“Para el sistema penal argentino, la privación de libertad es la pena más grave. Pero se emite una orden de detención contra una persona que ya está presa”, deplora la fiscal, que clama por un acuerdo urgente de “todos los estamentos políticos”.