Si decidiéramos declarar vacantes y llevar a concurso todos los cargos que hay en la administración pública, ¿cuántos de los que hoy están creen ustedes que lograrían quedarse?
Con ingresos de hasta 40 millones de guaraníes como los de un asesor jurídico de Itaipú, y tres o cuatro o cinco aguinaldos como los que reciben en el Parlamento o en Hacienda, ¿se imaginan la cantidad de personas hipercalificadas que se presentarían a concursar por esos puestos?
Plantearnos este tipo de preguntas nos permite entender mejor la monstruosidad que la clase política construyó con el dinero que nos saca compulsivamente de los bolsillos. Montaron un mundo paralelo al de la realidad en donde los ingresos y los beneficios no tienen la menor relación con la capacidad, el nivel de formación ni la productividad del empleado, y menos aún con la situación financiera del empleador (el Estado) ni la realidad de la economía.
En ese mundo de ficción, un funcionario que gana en promedio 12 millones de guaraníes por administrar las fotocopias de Diputados se escandaliza porque le aumentaron las horas de trabajo de seis a ocho –la misma carga horaria que tienen todos los demás trabajadores del país– o porque le retacearon un decimoquinto salario en el año.
Es un mundo vampírico donde un funcionario cobra un adicional por estar presente en su lugar de trabajo (presentismo) o por acumular años en el lugar (antigüedad).
Es un espacio donde las leyes de la física colapsan y se producen fenómenos como la omnipresencia de funcionarios que pueden marcar entrada estando fuera del país, o hacer oficina mientras levantan pesas en el gimnasio.
Es un mundo sanguijuela que emplea a solo diez de cada cien trabajadores paraguayos, pero que se come noventa de cada cien guaraníes que pagamos de impuestos.
La cuestión es cómo desmontamos esta aspiradora infernal.
Permítanme delirar un poco. Creo que esto solo se puede corregir con una reforma constitucional. Un simple artículo que obligue a reconcursar todos los puestos públicos. Dirán que no es garantía porque los concursos son amañados. Pues bien, se puede tercerizar el órgano juzgador, una agencia de empleos internacional o un organismo multilateral.
Quienes ocupan los cargos hoy tendrán algún puntaje adicional a la hora de concursar, y si quedan fuera podrán acogerse, de acuerdo con su edad, a una jubilación anticipada o a un retiro voluntario.
Todo el sistema público deberá ajustarse gradualmente a la legislación laboral privada. El parámetro debe ser siempre el trabajador privado, porque es él quien habita el mundo real de la economía y sus avatares, no la fantasía del Estado.
Solo piénsenlo. Después de todo, las grandes reformas y las revoluciones pacíficas comenzaron en el mundo de las ideas y los sueños. Además, si está usted más que capacitado, ¿no le parece que tiene derecho a competir, por ejemplo, por un ingreso de 40 millones?