Según el debate, un grupo de legisladores impulsa el proyecto a instancias de un grupo de comerciantes de Ciudad del Este. El argumento central es generar condiciones para enfrentar a las tiendas francas que abrirá Brasil en frontera y le sacaría competitividad a los comercios paraguayos.
Asimismo, sostienen que no afectará la recaudación del Fisco, tal como cuestionan los gremios detractores de la iniciativa legislativa.
En contrapartida, doce gremios empresariales fueron recibidos por los senadores de la Comisión Permanente del Congreso días atrás. Todos, incluido el ministro de Hacienda, Benigno López, y el titular de la Subsecretaría de Tributación (SET), Óscar Orué, sentaron postura de rechazo categórico a este proyecto de ley.
Uno de los primeros cuestionamientos es la diferencia impositiva de privilegio que establece solo para un grupo. En este orden, dispone el pago para las tiendas de un canon de 4 por ciento, cuando las demás deben abonar otros impuestos mucho más altos.
Precisamente, alegan que esto va a impactar directa y negativamente a la recaudación del Fisco, en un momento que más se necesitan recursos. Mencionan que la pérdida podría ser de entre USD 60 y 100 millones menos de recaudación.
Aduanas, por su parte, también considera inviable el control a los comercios que se instalan en la franja de 15 kilómetros en las fronteras con países vecinos de Asunción, Ciudad del Este, Saltos del Guairá, Pedro Juan Caballero y Encarnación.
El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, consideró igualmente, inconstitucional la normativa porque discrimina a una mayoría en concepto impositivo para favorecer a un grupo de empresarios.
Sostuvo que, con este proyecto, “lo que se pretende es discriminar a un grupo de empresas y darles esos beneficios para lograr, entre comillas, competitividad, para que sigan con el negocio de la triangulación”.