Esto lo expresó a raíz de una medida cautelar dispuesta por un tribunal arbitral internacional, que ordenó al Estado que se abstenga de ejecutar las pólizas mientras dure el proceso en el que la empresa portuguesa Mota Engil demanda al MOPC por haberse rescindido el contrato por las obras del fallido Metrobús.
La entidad bancaria y la empresa de seguros fueron consignadas dentro de las garantías y las pólizas que puede ejecutar el Estado paraguayo, al no haberse concretado la entrega final de la obra.
Hay aproximadamente USD 6,5 millones en cada una de las garantías que la Procuraduría General de la República pretende recuperar.
El procurador también objetó que Mota Engil pretende demandar en el plano de la inversión (otra de las instancias es por el lado de las obras), puesto que es una empresa contratada para tal fin, y que no radicó inversión alguna en Paraguay.
Recordemos que la firma portuguesa recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Washington, EEUU); y además solicitó al MOPC para que se lleve a cabo otro arbitraje en Chile, con las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).