La independencia e imparcialidad de la Justicia son los pilares sobre los que se debe sustentar el Estado de Derecho. Eso es lo que nos dará la garantía de que tengamos un juicio justo, y que la sentencia se ajuste a Derecho, como dicen los abogados.
Estar libres de toda presión para dictar un fallo es tan importante que hasta está tipificado como hecho punible en la ley penal, en caso de que exista, aunque pocos se animan a denunciar este tipo de cosas, y mucho menos se conoce que se haya abierto alguna investigación al respecto, salvo el famoso caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En aquel mediático caso, los audios que venían desde el Jurado de Enjuiciamiento, aunque no podían usarse en un juicio, igual prueban ante la sociedad que el apriete a jueces y fiscales es una mala práctica que se realiza para coaccionar a los magistrados para fallar a favor o en contra de una persona.
En pleno juicio oral, una jueza se había separado de un caso de dos médicos procesados por la muerte de un recién nacido, debido a que un político le había llamado para influir a favor de uno de los acusados, según dijo, lo que luego provocó su inhibición.
Y ni qué decir de aquella que viene de parte de la prensa misma. Debemos hacer mea culpa en ese sentido. Se produjo en varios casos, entre ellos, el conocido proceso del Ycuá Bolaños, donde prácticamente hubo un juicio paralelo en forma periodística que desembocó en todo lo ocurrido en esa causa.
Por esta razón, evidentemente, no podemos permitir que se presione a los jueces, desde ningún punto de vista, porque lo que se hace es socavar el trabajo de nuestra poca creíble Justicia.
En redes sociales, existe un repudio generalizado por estas prácticas donde se pide condena para estos políticos principalmente, o miembros de algún otro Poder del Estado que ejercen este tipo de presión sobre la Corte, los Tribunales de Apelación y los jueces.
Ahora bien, la semana pasada, en el juicio oral contra un ex senador y su hijo, un concejal municipal, cuando se daban los alegatos finales por los representantes del Ministerio Público, estuvieron presentes nada menos que la fiscala General del Estado y un agregado de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos.
Es evidente que su presencia no puede pasar desapercibida en los tribunales, ya que se trata de la máxima autoridad del Ministerio Público, por un lado, y el representante del país más poderoso del mundo, observando atentamente el juicio oral a los acusados.
Es innegable que esto es una presión muy grande para los jueces, que en nada puede diferir de la presión ejercida desde otro órgano de poder, o desde el Legislativo o Ejecutivo, ya que al final de cuentas, esto influirá en los encargados de juzgar a los acusados.
Además, pareciera que con esta presencia en el juicio oral, la fiscalía no está segura de su trabajo en la causa, para necesitar este tipo de presión tan evidente a los jueces.
Lo malo es que, en redes sociales, contradictoriamente a la presión ejercida desde el JEM, el Congreso o el Ejecutivo, esta vez muchos se mostraron a favor de lo ocurrido.
Se dijo como justificativo que es un juicio público, que cualquiera puede asistir, sin tomar en cuenta que es la primera vez que un diplomático estadounidense acude a una audiencia, justo contra la persona declarada “significativamente corrupta”. Lo peor es que su presencia raya la injerencia en asuntos internos de otros países, señalado por la Convención de Viena.
Este modo de ver la presencia del diplomático de buena manera para mí es una incoherencia. Es que está bien cuando la presión se ejerce contra tal o cual acusado o causa, y está mal cuando se hace desde el otro lado. La presión a los jueces está mal siempre. No podemos permitir que se socave la independencia judicial con el pretexto de que no se confía en la Justicia.