En general, un solo indicador en cualquier ámbito de análisis presupuestario no es útil por sí solo para evaluar la eficiencia, eficacia o calidad de los recursos ejecutados. En el caso particular de las políticas públicas, si realizamos un análisis a profundidad sobre las demandas ciudadanas y las necesidades insatisfechas en materia de servicios públicos veremos que los recursos humanos son y seguirán siendo de gran relevancia.
Nadie puede poner en duda que los salarios de docentes son relativamente bajos si estos tuvieran la formación académica y las competencias que se requieren para que niños y niñas se eduquen con capacidad, para formarse a lo largo de la vida, tener pensamiento crítico y ser creativos e innovadores.
De igual manera, Paraguay requiere ampliar su cobertura de salud, para lo cual, el recurso humano es el insumo principal.
El año pasado, un importante referente del Ministerio de Obras Públicas señalaba los déficits que enfrenta la institución en materia de profesionales idóneos. Por otro lado, nuestro país es el que menos investigadores tiene por persona.
En definitiva, si el objetivo es transitar hacia el desarrollo, la demanda de fondos para financiar en cantidad y calidad a un servicio civil capaz y comprometido va a seguir aumentando.
El problema principal en nuestro país es la calidad de los funcionarios públicos. La prensa permanentemente se hace eco de denuncias sobre nombramientos y contrataciones realizadas de manera irregular, de la desproporcionada cantidad de funcionarios en determinados sectores y la falta en otros, y de la conducta prebendaria y clientelar de los mecanismos de asignación de remuneraciones y de ascensos.
Como ejemplo, solo basta recordar las denuncias de presiones para la firma de apoyo a la reelección. Ningún empleado público se sentiría presionado si tuviera la seguridad de que si dice que no, no va a tener represalias. Pero sabemos que no es así.
Paraguay necesita con urgencia implementar la carrera del empleado público, con mecanismos claros y transparentes para garantizar que el acceso y la promoción en la función pública solo dependan de los méritos y resultados.
Solo de esa manera, el funcionario se sentirá comprometido con los objetivos institucionales y mantendrá al margen de su trabajo las presiones que pudieran generarse desde los operadores políticos o las empresas vinculadas con las compras públicas.
No es tarea fácil, por eso es que llama la atención el alto nivel de gasto salarial frente a otros países como Chile, Uruguay y Brasil, que cuentan con carreras mejor estructuradas y en mejores condiciones para generar los resultados que se esperan.