Las organizaciones analizaron las 156 páginas de dicho plan y expusieron el absoluto rechazo contra el mismo.
El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, en la página 10, capítulo uno, refiere que “el Estado paraguayo, de acuerdo con este diseño, se compromete a ejercer la hegemonía y el liderazgo en la atención integral de la infancia y la adolescencia, entendido en el sentido de principal garante del bienestar de la infancia y adolescencia, tal como lo establece también la CDN”.
OBJECIÓN. Las organizaciones alegan que el Estado no es el principal garante del bienestar del niño y adolescente.
“En nuestra normativa legal se establece que es la familia el principal garante de la protección de los niños y adolescentes, en segundo está la sociedad y de forma subsidiaria está el Estado”, alegan.
Destacan que el referido plan además transgrede el derecho inviolable de los padres en la educación de sus hijos, y en especial, en materia de educación sexual y reproductiva, estipulado en el art. 14 del Código de la Niñez y Adolescencia “Del derecho a la salud sexual y reproductiva”.
“El Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, su cultura y valores familiares”.
Una de las principales objeciones refiere que es inadmisible que una institución del Estado que supuestamente tiene “como finalidad general que niños, niñas y adolescentes de nuestro país accedan a sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional”, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, pretenda aplicar un plan que transgrede la propia normativa constitucional y legal.
Alegan que la Asociación Americana de Pediatría sostiene que la exposición de información que promueve la disforia de género ha alcanzado tal magnitud en los últimos años que ha provocado “un abuso de menores institucionalizado” y a “gran escala”.
Por lo tanto, “al impartir educación en los entes públicos a niños y adolescentes bajo esta perspectiva o enfoque se estaría cometiendo abuso infantil institucionalizado”, manifiestan desde la asociación.