Al final, Horacio Cartes, presidente de la República, parece haber entendido que imponer la posibilidad de su reelección a través de una enmienda de la Constitución Nacional no es una opción viable y ha pedido a los diputados del oficialismo que la rechacen y que a cambio negocien con los demás partidos para lograr una reforma de la Carta Magna, según lo ha confirmado el propio presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez.
Esta nueva estrategia, que ha sido reforzada tras la controvertida convención del Partido Colorado del sábado último, aclara un poco más el panorama político y traslada el debate sobre la reelección presidencial a un plano que depende enteramente de si se logra o no reformar la Constitución antes de las elecciones de abril de 2018.
Mientras muchos dirigentes políticos consideran que ya no hay tiempo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que pueda reformar la Constitución antes de las elecciones generales, un gran experto en cuestiones electorales, Carlos María Ljbetich, ex asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, asegura que sí se puede hacer, aunque con un plazo muy apretado, siempre y cuando ambas Cámaras del Congreso se pongan de acuerdo y la convoquen ya en los próximos días, de manera que pueda instalarse para antes de agosto de 2017.
Aunque eso resulte cierto y se puedan cumplir todos los plazos con mucha celeridad, el actual ambiente político no resulta el más indicado, debido a la gran crispación que se ha instalado en la sociedad, en gran parte por culpa del propio oficialismo colorado, al haber acudido a varias maniobras para intentar que su proyecto de enmienda a favor de la reelección sea aprobado en el Congreso, incluyendo haber ganado el apoyo de tres diputados de la oposición, con altas sospechas de compras de votos.
Forzar ahora el proceso a favor de lograr la reelección de Horacio Cartes por vía de la reforma de la Constitución, antes de las elecciones, solo conducirá a más conflictos y enfrentamientos. La mayoría de los dirigentes de la oposición, incluyendo a los propios disidentes colorados (a pesar de las amenazas de castigo establecidas en la reciente convención de la ANR) ya han dejado muy en claro que no acompañarán este nuevo intento.
Por tanto, lo más recomendable es que los diferentes actores políticos lleguen a un consenso para convocar a una necesaria reforma de la Constitución, pero que la misma se pueda llevar a cabo en los primeros años del próximo periodo presidencial, después de las elecciones y ya fuera de la puja electoral, y que en dicha asamblea constituyente se llegue a resolver no solamente lo de la reelección, sino también todos los otros temas sensibles que se vienen reclamando desde hace tiempo, y que pueden ayudar a que podamos avanzar como sociedad democrática.