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La controvertida audiencia preliminar para los 15 procesados por la matanza de Curuguaty, donde hubo 17 fallecidos, llega esta semana a su culminación, donde se decidirá si el caso va o no a juicio oral.
Los días anteriores, tanto la fiscalía como defensa, plasmaron su posición con relación al caso. El agente Jalil Rachid pidió el juicio oral, mientras que la defensa atacó de todos los ángulos la acusación que considera nula.
Paralelamente, hay tres pedidos de sobreseimiento definitivo de parte del Ministerio Público, para los procesados Juan Alfredo Caballero, Miguel Ángel Correa Franco y Marcelo Trinidad Paredes. Se reconoce expresamente que nada tienen que ver.
Rachid también acusó a uno, Felipe Nery Urbina, por tratar de ayudar a escapar al coprocesado Arnaldo Quintana, que había sido herido en el hecho. La defensa sostiene que solo quería llevarlo para ser atendido por un médico y pide el sobreseimiento.
los demás. Después, el fiscal Jalil Rachid, requirió juicio oral para otros once, pero por homicidio doloso tentado, invasión de inmueble y asociación criminal.
Alega que los procesados ingresaron al lugar en forma clandestina, formaron una asociación para delinquir y resistir “hasta morir” para no ser desalojados. Luego, emboscaron a los policías.
El agente basa la asociación criminal, principalmente, en la lista de ocupantes que hallaron –aunque la defensa dice que nunca vieron tal nómina– para probar que tenían un grupo estructurado.
Afirma que las mujeres y los niños estuvieron en el lugar para “dar confianza a los policías” para luego salir ante una señal, antes de iniciarse el tiroteo. Dice que la muerte de los campesinos se dio por la lógica reacción de los uniformados.
CUESTIONAMIENTOS. Para la defensa, la cuestión prejudicial es un punto fundamental. Si no se sabe de quién es el inmueble, cómo se va a denunciar por invasión, alegan. Quiere que la justicia lo determine primero, antes de continuar la causa.
Además, requiere anular todo el proceso, con otros incidentes. Desde la nulidad por las declaraciones a la prensa del presidente Federico Franco y del mismo fiscal Rachid, como por motivos formales.
Pide anular la imputación, la acusación, las pruebas periciales, a más solicitar el sobreseimiento de todos.
El argumento principal es que, en ninguna parte, el fiscal dice qué hicieron cada uno de los procesados. Sostienen que no pueden defenderse si no saben de qué se les acusa.
Sobre las 17 pruebas periciales que solicitan anular, alegan que solo una les fue notificada, 4 días después del juramento al perito. Se viola el derecho a la defensa, dicen.
Estos puntos son los que deben ser contestados por el fiscal, que a pesar de no adelantar nada, señala que lo presentado por la defensa son cuestiones propias del juicio oral. La audiencia sigue el martes, a las 9, donde podría haber una resolución de la jueza Ríos. El fallo es inapelable.