El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley que aumenta la pena a los invasores de tierras. Ni bien el Congreso envió su mensaje, el Ejecutivo dio su okey a la normativa que generó una tensión con organizaciones indígenas y campesinas.
Los ministros Hernán Hutteman, jefe de Gabinete Civil, y Cecilia Pérez, de Justicia, se encargaron de oficializar la decisión presidencial luego de la reunión mantenida en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Huttemann explicó que el presidente de la República ha promulgado la Ley 6830 que establece la modificación del artículo 142 del Código Penal que tipifica la conducta de invasión de inmueble ajeno.
Explicó que lo que prevé la normativa impulsada desde el Congreso es el castigo a un delito que ya estaba en el Código Penal Paraguayo, y que fija que toda persona que de manera individual o colectivamente ingrese a un inmueble ajeno con violencia o clandestinidad será sancionada con una pena privativa de libertad de hasta seis años.
Igualmente, en el caso de que la persona que ingrese individual o colectivamente realice esta conducta con la intención de instalarse en el inmueble o genere algún tipo de daño patrimonial, la pena privativa será de hasta diez años. “Es un aumento (de las penas) del marco penal vigente mediante una modificación del Código”, sostuvo.
El jefe de Gabinete justificó que el análisis y el estudio se vino realizando con anterioridad y hubo conversaciones con los proyectistas. Se trabajó coordinadamente y la decisión estaba tomada, aseguró.
PRISIÓN PREVENTIVA. Huttemann sostuvo que en cuanto a las medidas que se les pueda otorgar a las personas procesadas por estos hechos siguen vigentes los artículos 242 y 245 del Código Procesal Penal en el sentido que es facultad de los jueces, según cada caso, y de acuerdo con los presupuestos determinar si la persona tendrá que guardar prisión preventiva. “Eso no se modificó; lo que se modificó es el marco penal”, sostuvo.
Por su parte, la ministra de Justicia acotó que el juez puede decretar una sentencia condenatoria en el caso de encontrar las pruebas suficientes entre 6 meses hasta 6 años. Y un agravante que aumentaría el marco penal hasta 10 años, según lo que establece el inciso segundo.
“Eso no necesariamente implica el decreto de prisión preventiva automático en el caso de procesamiento. En el 2019, el Congreso volvió a modificar la Ley 4431/11 devolviendo al juez la facultad de analizar los presupuestos de la prisión preventiva que pueden darse conjuntamente al momento de resolver sobre la privación de libertad”, sostuvo la ministra.
Ratificó que es el Poder Judicial el que finalmente aplicará la ley interpretando de acuerdo con los elementos que obren en cada caso concreto.
Desde el Ejecutivo indicaron que se había concertado una mesa interinstitucional con el Congreso y otras instituciones para abordar la problemática de acceso a la tierra. La decisión tomada por el Congreso y posteriormente apoyada por Abdo generó un amplio debate en todos los sectores, donde hubo posturas a favor y en contra de aumentar las penas por las invasiones de tierras. Inclusive, después de los incidentes que se generaron frente al Congreso y en el interior del país, el presidente de la República fue a dar su respaldo institucional a la Policía.