EFE.
El abogado de los campesinos, Vicente Morales, informó a Efe de que los campesinos dejaron el sábado incluso de tomar agua como medida de presión “hasta que permitieran la entrada de personas de su confianza” para estar con ellos.
Las autoridades militares prohibieron el sábado el acceso a sus familiares, mientras que Morales pudo entrar al hospital por la mañana, pero no por la tarde, relató.
Sin embargo, hoy aceptaron las visitas. “Están muy débiles. Ya no pueden moverse solos”, dijo a Efe Mariano Castro, el padre de dos de ellos, quien estuvo hoy con ellos, así como otros familiares.
También lo hicieron Martín Almada, un activista de derechos humanos que fue torturado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y el senador Fernando Lugo, que era presidente cuando ocurrió la masacre.
Una semana después de la matanza, el Parlamento paraguayo lo cesó tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado de Gobierno.
Los campesinos fueron trasladados al hospital militar en dos grupos, el viernes y el sábado, desde el penal asunceno de Tacumbú debido a su delicada situación de salud. Castro dijo que en el hospital les ofrecieron comida, que ellos rechazaron.
El próximo miércoles tendrá lugar una audiencia en la que el juez decidirá si acepta o no la petición de la defensa de que se sustituya la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Los labriegos están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, así como otros seis campesinos que guardan arresto domiciliario.
Esas personas son los únicas imputadas por la Fiscalía de Paraguay por delitos vinculados con la muerte de once de sus compañeros y familiares y seis policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de , a unos 250 kilómetros al este de Asunción.
La defensa ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que el proceso contra los labriegos “está plagado de irregularidades”.
La organización no gubernamental Oxfam informó hoy de que se ha unido a un grupo de entidades internacionales que han dado su respaldo a la petición presentada ante la CIDH.
El caso “resume las injusticias vinculadas al acaparamiento de tierras que se repiten en los países de la región”, dijo el director de Oxfam en Paraguay, Oscar López, en un comunicado.
“Es imprescindible que los campesinos que demandan acceso a la tierra, hoy presos y en huelga de hambre, tengan un juicio justo con todas las garantías de derechos humanos”, añadió.
Suscriben también la petición la Fundación Internacional Baltazar Garzón, que encabeza el exjuez español, el Instituto de Estudios Políticos para América latina y África (IEPALA), France Amerique Latine y la Cátedra Unesco de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras entidades.
La defensa alega, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, en su opinión, que los disparos contra la Policía no procedieron de las escopetas de los labriegos.
La defensa pidió a la CIDH la suspensión del juicio, convocado para el 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa.
Morales indicó que no se les puede acusar de invadir un inmueble si no está claro a quién pertenece.
Los terrenos de Marina Cué, la hacienda de Curuguaty donde ocurrió la matanza, llamada así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) era usada por la Marina paraguaya, son disputados por el Estado y la empresa Campos Morombí en un litigio que dura ya casi una década.
La firma pertenece a la familia del fallecido empresario Blas Riquelme, quien fue un importante cargo del Partido Colorado, la formación del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria.