Días antes, Neto había llamado “genocida” al presidente Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de 290.000 muertos en Brasil. El concejal Carlos Bolsonaro, estratega de su padre en las redes sociales, pidió a la policía que lo investigara.
De inmediato, las redes se inundaron de mensajes de apoyo a Neto, replicando el adjetivo genocida y las críticas del influenciador digital, de 33 años, con más de 41 millones de seguidores en YouTube y 12,4 millones en Twitter.
Una jueza suspendió el jueves la investigación, por considerarla ilegal, y Neto anunció que financiará un grupo de abogados para defender a quienes sean procesados por criticar al Gobierno. Juristas y especialistas en derechos humanos advierten sobre una escalada de maniobras legales y extralegales para acallar voces que consideran disidentes.
Los blancos no son solo opositores: periodistas, artistas y científicos denuncian ataques coordinados por milicias digitales bolsonaristas para destruir sus reputaciones.
La cardióloga Ludhmila Hajjar, a quien Bolsonaro sondeó este mes como posible ministra de Salud, fue amenazada de muerte por cuestionar el uso de medicamentos sin comprobación científica contra el coronavirus, promovidos por Bolsonaro, y defender restricciones a la circulación. Intentaron invadir el hotel donde se alojaba en Brasilia. Hajjar contó que refirió lo sucedido a Bolsonaro y que este le respondió: “Son gajes del oficio”.
El Ministerio de Justicia pidió a la Policía Federal investigar a un sociólogo de Palmas por delitos contra la honra, por haber contratado paneles con fotos de Bolsonaro acompañadas de frases como “miente”, “no vale nada” o “vete, Bolsonaro”. AFP