A escasos días de cumplir tres meses desde que se inició toda esta historia del Covid-19, el impacto devastador ya es algo concreto y demostrable. Muchos indicadores económicos y sociales claves nos muestran claramente el tremendo costo que deja la pandemia.
Mucho se habla en estos momentos de la importancia de los estados y el papel central que deben jugar para enfrentar situaciones como esta, pero, claro, esa capacidad de respuesta está directamente vinculada al tipo de Estado que se ha ido construyendo a través de los años.
En nuestro caso, se ha puesto de manifiesto un Estado con profundas debilidades estructurales para enfrentar situaciones delicadas de una manera rápida y eficiente, con esquemas de corrupción que aprovechan muy bien dichas debilidades y la coyuntura actual de emergencia.
Hoy, ya podemos dimensionar la enorme cuenta que esta y las siguientes generaciones deberemos pagar a consecuencia de la pandemia. Y, categóricamente, dicha cuenta no puede caer desproporcionadamente solo sobre los hombros del sector privado.
Esta creciente sensación de rabia, impotencia y vulnerabilidad de miles de actores del sector privado, exige una respuesta directa en términos de modificar con urgencia el funcionamiento del Estado en muchas áreas.
En principio pareciera que todos estamos de acuerdo en que existe una ventana de oportunidad en este momento para presentar al Congreso una serie de leyes de reforma del funcionamiento de la Administración Pública.
En términos de reformas un poco más estructurales y profundas, hasta este momento solo se ha presentado el proyecto de ley de reforma del servicio civil que pretende ordenar y volver mucho más racional a un sistema altamente desordenado y prebendario.
Sin embargo, no olvidemos que cerca de un tercio de los funcionarios públicos provienen del Ministerio de Educación, y los docentes tienen su propio Estatuto Docente que también precisa ser reformado para avanzar hacia un sistema mucho más meritocrático y completar de esta manera las reformas vinculadas a todos los funcionarios públicos.
Por otro lado, una reforma en las compras públicas, buscando ordenar y centralizar los procesos que están desperdigados en decenas de unidades de contratación puede disminuir fuertemente los espacios para la corrupción público-privada y generar ahorros de alrededor de un punto del PIB, según estudios que presenta el propio Ministerio de Hacienda.
La reforma de salud, ya discutida desde hace un buen tiempo por la duplicación de sistemas que existen actualmente, en donde se pierde eficiencia y se malgastan grandes cantidades de recursos.
Estas cuatro reformas –entre muchas otras que probablemente hagan falta– ya tienen encima varios años incluso de discusión. Y es el momento de apurar su presentación concreta. A partir de ese momento, será clave asegurarnos de que la clase política entienda que no se trata solo de hacer ciertos maquillajes y mutilar proyectos que finalmente no logren el objetivo transformador que persiguen. ¡Mucho cuidado con eso!
Ahora bien, estos son proyectos importantes que cambian estructuras de funcionamiento, y obviamente toman su tiempo para que a partir de su implementación empiecen a generar resultados concretos.
Por ello, además de lo importante, tenemos en puerta un proyecto urgente que merece nuestra total atención y donde también debemos exigir cambios significativos. Me refiero al proyecto de ley del Presupuesto General de Estado, que el Ministerio de Hacienda ya está preparando y que en tres meses más deberá ser presentado al Congreso.
Necesitamos ver señales concretas en dicho presupuesto, forzando ya determinados cambios que se pueden hacer a partir de la asignación de recursos.
Son momentos de máxima responsabilidad para los tomadores de decisiones que deben estar enfocados en lo importante y lo urgente, y sobre todo entendiendo muy bien la elevada temperatura social.