El ex procurador Sergio Coscia y Lichi están bajo la lupa por haber firmado, el pasado 2 de diciembre, un arreglo extrajudicial con la citada firma, tildada de maletín, para el pago de siete millones de dólares, en el marco de una demanda en lo Civil que impulsa desde el 2012 en reclamo por daños y perjuicios por treinta y un millones de dólares, debido a que Petropar le había cancelado una adjudicación para proveer combustibles.
Coscia renunció, pero el actual titular de la empresa estatal se aferra al cargo y afirma que no dimitirá y tiene el respaldo del presidente Mario Abdo Benítez. Lichi culpa a la Procuraduría por esto, pero llama la atención que no haya tenido en cuenta el proceso y cómo encaró jurídicamente la empresa la demanda, en el sentido de que la misma no tenía fundamentos para lograr una sentencia favorable.
En conversación con ÚH, el diputado Acosta manifestó que estaban analizando aprobar la interpelación de Lichi si es que no responde rápidamente al pedido de informe que le remitieron o no logra despejar las sospechas que rondan sobre el citado acuerdo, aun cuando haya sido dejado sin efecto luego de que se filtrara.
Consideró que a partir del documento firmado y otros elementos existentes, el “Ministerio Público debió iniciar una investigación de oficio y corresponde que lo hagan siendo representantes de la sociedad para esclarecer los hechos”, enfatizó.
Acosta subrayó que los medios de prensa están publicando evidencias y aspectos que comprometen más a los involucrados en este acuerdo, en el sentido de que no correspondía y que es imposible que el Estado pierda el juicio en curso.
DISPUESTO. Por su parte, el presidente de Petropar dijo ayer que estaba dispuesto a responder a una interpelación donde corresponda, porque en ningún momento actuó de mala fe en esto.
“Voy a ir donde corresponda para demostrar que en ningún momento actué de mala fe. Y que todo el procedimiento que se realizó desde Petropar fue cumpliendo la recomendación de la Procuraduría y el proceso interno administrativo correspondiente”, aseveró.
Sin embargo, esta posición contradice la posición jurídica sostenida en sucesivas administraciones anteriores en Petropar. Todas coinciden en que Texos Oil no tiene con qué ganar la demanda y que le paguen treinta y un millones de dólares.