Un incidente ocurrido el domingo último, cuando Raúl Mendoza, intendente municipal de la ciudad de San Antonio, Departamento Central, arrojó una guampa de tereré contra algunos ciudadanos que lo estaban criticando por su gestión durante una audiencia pública convocada por concejales de la Junta Municipal, puso de relieve de qué manera la pelea interna entre facciones de un partido político afecta al funcionamiento de una institución que debe responder a todos los ciudadanos, por encima de colores e intereses de caudillos.
El conflicto que persiste en San Antonio es similar al que también se mantiene desde hace meses en la ciudad de Concepción, en la región Norte, como en otras localidades del país.
En el caso de San Antonio, el intendente Mendoza responde al movimiento Equipo Joven del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderado por el senador Blas Llano, actualmente aliado tanto al movimiento oficialista Añetete del Partido Colorado, que responde al presidente Mario Abdo Benítez, como al sector disidente Honor Colorado, del ex presidente Horacio Cartes. Por su parte, los concejales que cuestionan a Mendoza responden a sectores del oficialismo liberal, liderado por el actual presidente del partido, Efraín Alegre, como a sus aliados de otras fuerzas políticas.
Aunque es verdad que el intendente Mendoza está imputado por un faltante de 1.200 millones de guaraníes en el uso de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante su anterior gestión, es un caso que corresponde aclarar a la Justicia. También es legítimo y loable que sectores de la ciudadanía se movilicen y protesten por lo que considera un hecho de corrupción que no recibe el debido tratamiento de la Fiscalía y de la Justicia, pero lo que ya resulta cuestionable es que sectores internos de un partido político alimenten y prolonguen artificialmente los conflictos, en lugar de ayudar a resolverlos, ya que la larga permanencia de la pelea hace que una institución relevante para el sistema democrático, como lo es un gobierno municipal no pueda funcionar correctamente, se paralice y por ende haga frenar el necesario avance de una comunidad, a través de programas de desarrollo, que debe ejecutarse en un clima de cooperación entre las autoridades y la población.
Lo que sucede en Concepción es muy similar a lo que pasa en San Antonio. En la capital norteña, el intendente Alejandro Urbieta, también perteneciente al sector liberal llanista, viene enfrentando desde hace varios meses una constante movilización de sectores políticos y sociales que exigen su renuncia, acusándolo de varias irregularidades y de presuntos hechos de corrupción, incluyendo imputaciones hechas por la Fiscalía, que sin embargo no se definen aún en la Justicia. Resulta claro que por detrás se mueve la pelea interna entre los sectores del PLRA que responden a Llano y Alegre, con sus respectivos aliados de otros partidos.
Situaciones similares también ocurren en otros partidos, como el enfrentamiento entre colorados cartistas y abdistas en Alto Paraná y San Pedro. Mientras respondan al libre juego de las opciones democráticas, las movilizaciones democráticas son importantes, pero cuando los conflictos paralizan el funcionamiento de las instituciones o traban los avances de planes de gobiernos comunales o departamentales, ya se convierten en perjuicios para los propios pobladores. Los partidos políticos deben ser más responsables en ayudar a solucionar los conflictos, antes que promoverlos.