Luego de haber pasado una semana con una orden de detención en su contra, el pasado viernes el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas se presentó ante el juzgado y, a pesar de la oposición de la Fiscalía, consiguió en unas horas su libertad. Su caso retrata con exactitud a una justicia que se muestra implacable con los más vulnerables, pero floja y vacilante con los poderosos. Ahí reside la pobreza institucional del Poder Judicial.
Esta es la tercera imputación al político colorado por presuntos hechos de corrupción durante su gestión y, paradójicamente, es solo su segundo proceso. Esto se debe a que una de las imputaciones –en la que lo acusaban de sobrefacturar la merienda escolar– no fue “aceptada” por una jueza por haberse presentado fuera de horario de oficina. No es broma, googléelo.
Ahora, la Fiscalía lo imputó por un desvío de más de G. 8.000 millones de dos cuentas bancarias de la Muni- cipalidad, correspondientes al rubro de pavimentación y royalties. De pronto, la cantidad de baches y calles dinamitadas en la ciudad encontraron una explicación más convincente que las excusas vertidas por Cárdenas durante los diez años que estuvo al frente de la Comuna.
A todo esto hay que sumar otras tres denuncias realizadas por funcionarios municipales y vecinos lambareños en contra del ex intendente por desvíos y obras irregulares. Irónicamente, solamente una fiscala de Lambaré –Blanca Agüero– acepta investigarlo. El resto de los agentes fiscales de la ciudad se inhiben de él o de sus abogados.
Cárdenas debe ser comprendido en su contexto histórico: los últimos cuatro intendentes de la ciudad –incluyendo al actual, Armando Gómez– enfrentan procesos penales. Juan Martínez, el predecesor de Roberto, enfrentará un juicio oral por la existencia de cajas paralelas para los impuestos de los contribuyentes y la sobrefacturación de obras. Guillermo Lezcano, quien ocupó el cargo durante unos meses mientras Cárdenas hacía campaña por su re-rekutú, también está imputado por el faltante en las cuentas de pavimentación y royalties. Armando Gómez, por su parte, está imputado por lavado de dinero en el marco de una presunta estafa de 3 millones de dólares.
La Justicia debe, de una vez por todas, castigar a aquellos que se enriquecieron con el dinero destinado a calles, recolección de basura, meriendas escolares y construcción de escuelas. Hoy por hoy, la impunidad marca el destino de Lambaré y sus pobladores.