La Industria Nacional del Cemento (INC) quedó bajo riesgo judicial de tener que pagar una suma sideral (en principio 74.000 millones de guaraníes más intereses de ocho años y costas) a la firma Cal Agro SA, en concepto de indemnización “por daños y perjuicios por responsabilidad contractual”. El golpe o no a las arcas de la estatal y, por ende, al Estado, depende ahora de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con los antecedentes, el caso se remonta al 2004, durante la administración de Amílcar Troche, en el marco de un contrato para el arrendamiento de instalaciones y la explotación de minas entre Cal Agro SA y la INC.
Algunas de las cláusulas ya habían sido objetadas en su momento por los gremios sindicales debido a ciertas condiciones muy favorables a la empresa. En concreto, la firma no llegó a operar.
En 2009, ya bajo la administración del liberal Optaciano Gómez Verlangieri, Cal Agro demanda a la INC y pide una indemnización de más de 171.000 millones de guaraníes por daño emergente, lucro cesante y daño moral, pese a que nunca operó y no presentó su proyecto de construcción y adecuación de las instalaciones.
Incluso, referentes sindicales recordaron que la citada firma demandante aún no estaba inscripta como empresa legal cuando se lanzó el pliego de bases y condiciones de la licitación de la INC.
La demanda en cuestión fue rechazada en julio de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 13º turno. Sin embargo, el pasado 20 de marzo el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala, revoca la sentencia de primera instancia, hace lugar a la demanda y condena a la INC a pagar G. 74.250.373.120, más los intereses devengados, además de las costas.
ABERRANTE. Por su parte, el asesor jurídico de la cementera estatal, Héctor Palazón, calificó ayer de “aberrante” el fallo del Tribunal de Apelación y adelantó que ya recurrieron a la Corte Suprema de Justicia.
Sostuvo que es preocupante para la empresa este fallo y cifran la esperanza en que la máxima instancia judicial ponga las cosas en su lugar y haga justicia.
“El partido está uno a uno. Nosotros ganamos en primera instancia, donde se rechazó la demanda porque el contrato es nulo, pero ahora la Cámara tuvo a los jueces Linneo Ynsfrán y Juan Carlos Paredes, que votaron a favor de la revocatoria de primera instancia, y Arnaldo Martínez votó en disidencia”, recalcó.
Palazón insistió en que este fallo de la Cámara es “en el fondo un aberración, debido a que está comprobado que el contrato con esa firma es nulo y además nunca se inició su ejecución como lo dice en su voto el juez Martínez”.
Añadió que el contrato estaba en condición suspensiva, hecho que disminuye cualquier tipo de indemnización.
Enfatizó que, en el peor de los casos, el contrato establecía la indemnización por los gastos realizados, pero que no fueron presentados.
“Entonces, lo que se está haciendo es conceder una ganancia a Cal Agro de 74.000 millones de guaraníes sin haber trabajado y con una base de estimación de lucro de 60 por ciento del precio del mercado de la cal”, advirtió.
Sostuvo, finalmente, que la estimación del daño que se realizó está totalmente equivocada y que si eventualmente llega a concretarse representará un injusto golpe y daño lapidario para el Estado.